En medio de la pandemia, las instituciones europeas entendieron que era el momento de destinar fondos extraordinarios para activar la economía de los países socios, orientando las inversiones y el gasto hacia la transformación de la economía para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. El corazón de los fondos Next Generation era el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR), dotado con 672.500 millones. La Comisión Europea puso a disposición de los gobiernos las cantidades acordadas en 2021, con la advertencia de que los recursos se debían de consumir antes del 31 de agosto de 2026.

A España le correspondieron 160.000 millones, una cantidad muy grande que tenía como principal debilidad la lentitud de la Administración pública para ejecutarla. Los fondos que no se invierten o gastan se pierden. Se acerca el momento de cerrar este periodo excepcional de abundancia de recursos y Asturias, de los 791 millones que le fueron asignados, todavía tiene el 37,8% sin gastar. El 30 de junio termina el plazo para usarlos y el 31 de agosto es la fecha final para presentar las certificaciones. Perder 284,8 millones tiene muy difícil justificación, así que el Principado hace lo que puede, mueve recursos que, supuestamente, iban a financiar un proyecto hacia otro que es más fácil de ejecutar.

Lo que no puede evitar es que quede visible el déficit de gestión en sectores importantes de la Administración, como es la Consejería de Ordenación del Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos. La diputada Sandra Camino (PP) preguntó por los fondos destinados a Vivienda y el consejero portavoz, Guillermo Peláez, le dijo que «todo el dinero estaba garantizado, porque o no hay que devolverlo o el Gobierno de España lo garantiza con sus fondos». Es decir, si IU, partido que gestiona la Vivienda, no realizó las tramitaciones en el tiempo pedido, está el Gobierno de España para remediar el fallo. Cogersa tenía asignados 26 millones de fondos MRR. De ellos, 14,8 millones estaban destinados a obras que no dio tiempo a licitar. En la junta de accionistas, el Ayuntamiento de Gijón (concejal Pintueles) calificó de «pésima» la gestión del Principado y habló de pedir «responsabilidades políticas».

De todo el dinero que recibió España (160.000 millones) solo se consumieron 77.800 millones. Una pérdida enorme de recursos, producto del desvío de fondos hacia las administraciones públicas, cuando el objetivo era activar la economía y luchar contra el cambio climático.