Las administraciones estatales, autonómicas y locales se han beneficiado desde 2021 del maná de los fondos europeos extraordinarios a través del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR). Los fondos se habilitaron para salir de la crisis económica originada por la pandemia (el PIB descendió un 10,9%). La Comisión Europea marcó dos objetivos, reactivar la actividad económica y acelerar la transformación de la economía hacia un modelo más ecológico y sostenible.

A España le correspondieron 160.000 millones, la segunda nación que más recibió tras Italia (210.000). Una cantidad se recibió en forma de préstamos (obligada devolución) y la otra en subvenciones (a fondo perdido). El Gobierno acabó renunciando al 70% de los prestamos asignados, conformándose con 22.800 millones. Los préstamos estaban condicionados a hacer inversiones y asumir determinadas condiciones. El Ejecutivo se centró en los 80.000 millones de subvenciones, aunque esta cantidad se acabó reduciendo, sensiblemente, porque las condiciones a las que se había comprometido con Bruselas no las cumplió. Los fondos extraordinarios, al final, se destinaron en gran medida a actividades que sólo relanzan la economía por el lado de la contratación de trabajadores, y tienen una mínima o nula influencia en el cambio del modelo económico hacia un sistema energético sin emisión de gases de efecto invernadero y con prácticas sociales ligadas a la reutilización de objetos y mercancías de todo tipo. Los ayuntamientos jugaron un papel muy importante para asignar subvenciones, así que ya se sabe, rehabilitar entornos urbanos, remodelar colegios, respaldar excavaciones arqueológicas, etc.

Asturias recibió 791 millones. Hasta el momento, casi el 40% de los fondos siguen retenidos por el Principado (284,8 millones). Como dijo la diputada Sandra Camino (PP), si estos fondos no se ejecutan habrá que financiar las actuaciones con recursos de la comunidad. La gestión del Gobierno asturiano es más lenta que la media de las regiones. Los retrasos tienen nombres propios. Por ejemplo, Cogersa tiene 12,8 millones inmovilizados. La Consejería de Derechos Sociales y Bienestar, la que menos ejecutó del presupuesto del Principado, tiene diez millones sin gastar en centros residenciales para la discapacidad, como el Centro Residencial de Cabueñes o el Centro Arboleya. En el relato bíblico, el maná alimentó durante 40 años al pueblo elegido. Aquí, por no agacharnos, lo dejamos tirado en el suelo.

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