Llega a la Cámara autonómica un proyecto de Ley del Principado de Asturias «para la erradicación de la discriminación y para la igualdad real y efectiva de derechos de las personas lesbianas, gais, trans, bisexuales e intersexuales y de sus familias». Un enunciado tan largo como tortuoso que lleva a preguntarse si es necesaria esta ley o si ya hay otra norma que protege los derechos de los colectivos citados y sanciona cualquier conducta discriminatoria y atentatoria contra la igualdad real de ellos y de sus familias. Por si hay dudas, véase la Ley 4/2023, de 28 de febrero, conocida como Ley para la igualdad real y efectiva de las personas LGTBI. Como es tan grande el parecido y la primera proviene de Las Cortes Generales, donde suelen afinar algo más que en el Parlamento asturiano a la hora de legislar, imagino que el texto asturiano habrá tomado el cuerpo de la ley estatal, y donde se encontró un hueco nuestros diputados pusieron algo de su cosecha sin miedo a hacerla aún más vulnerable a la crítica.

La ley reproduce el antiguo debate del ser y sentir, propio de la filosofía existencialista, aunque entonces no versaba sobre la naturaleza de los sexos. Un ejemplo: en los centros educativos se usarán los baños de acuerdo con el sexo declarado. El sexo deja de ser algo objetivo, visible, material, constatable, para ser una sensación, un sentimiento, una vivencia. Si una mujer, en un momento de su vida, siente que es hombre, automáticamente pasa a serlo, sin necesidad de ser validado por algún criterio objetivo. En el caso de los cuartos de baño puede solventarse la contradicción entre lo objetivo y lo subjetivo construyendo más baños de tal forma que se conjuguen las pretensiones de miembros del colectivo LGTBI con el derecho a la intimidad que acoge a todas las personas. En otros casos no es posible armonizar pretensiones y derechos.

En la comparecencia de expertos para valorar el proyecto, los juristas, Ana Rodríguez García, Alicia Miyares y Ramón Durán criticaron la deficiencia técnica de la norma, la vulneración de principios básicos -la seguridad jurídica-, la incapacidad para conjugar derechos concurrentes o la falta de neutralidad. Desde la otra orilla, Sara Combarros defendió la identidad de género que otorga derechos a las personas «sin tener que pasar por un diagnóstico obligatorio». PSOE e IU-Convocatoria negociaron la redacción del proyecto. Vamos a ver si en el debate parlamentario mantienen un mismo criterio o si se agranda la brecha que abrió el carbón.

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