Los miembros de la comisión de investigación parlamentaria del accidente en la mina de Cerredo valoran las distintas alegaciones planteadas al texto del dictamen realizado por la diputada, Covadonga Tomé. Hay una gran coincidencia en las posiciones del PP, Vox, IU-Convocatoria, Foro y Somos Asturias, mientras el PSOE disiente del resto, dispuesto a defender que de las anomalías e irregularidades constatadas en la gestión de la mina no se derivan responsabilidades políticas; la actuación de los altos cargos de la Administración del Principado no merece reproche, según los socialistas, que solo ven en las maniobras de Blue Solving, empresa administrada por Chus Mirantes y su familia, la causa de la tragedia.

El diputado del grupo parlamentario socialista, Jacinto Braña, se apoya en las recomendaciones de los letrados de la Cámara para defender que en el dictamen no deben aparecer los nombres propios de los exconsejeros de Industria de los mandatos de Adrián Barbón ni el de los altos funcionarios del Servicio de Minas. También rechaza cualquier atribución de responsabilidad patrimonial al Principado. En definitiva, la postura mantenida por Adrián Barbón, al pretender blindar a los miembros de sus gobiernos y a la propia Administración regional de cualquier atisbo de responsabilidad en lo sucedido en la mina de Cerredo.

Rafael Alonso, diputado del PP, acusa al PSOE de un continuo boicot a los trabajos en la comisión. Gonzalo Centeno (Vox) considera que se avanza de forma «satisfactoria y diligente», porque todos los grupos comparten el núcleo del dictamen. Adrián Pumares (Foro) señaló que existe voluntad de alcanzar un gran consenso, salvo los socialistas que rechazan directamente el dictamen y se excluyen del posible acuerdo. Xabel Vegas (IU-Convocatoria) destacó que en la comisión intentan que el dictamen tenga un gran rigor jurídico para que el texto esté al abrigo de potenciales recursos de amparo ante el Tribunal Constitucional.

El posicionamiento de los socialistas, reiterado por Jacinto Braña, basado en que el dictamen «está mal enfocado» y debe centrarse en poner el foco en incorporar mejoras técnicas y administrativas, sugeridas en el informe de la Inspección General de Servicios, es inconsistente. Una comisión de responsabilidades políticas tiene que mirar a lo sucedido. No está entre sus competencias recomendar mejoras técnicas, sino analizar la posible existencia de responsabilidades políticas, sin perderse en divagaciones.

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