La próxima responsable de la Dirección General de Gestión de Derechos Sociales que sustituya a Diana Fernández se va a encontrar con montañas de expedientes sobre la mesa. La Consejería de Derechos Sociales y Bienestar se ha caracterizado por dejar gran parte del presupuesto sin gastar (junto con Ordenación del Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos forma el dúo de consejerías que menos recursos han gestionado respecto al presupuesto aprobado) y por acumular trabajo burocrático en cantidades insospechadas, contribuyendo a aumentar la frustración de las personas que tienen derecho a disfrutar de prestaciones de diversas clases.

Hay 10.000 expedientes de rápida respuesta que están sin resolver. De ellos, 7.321 corresponden a personas con déficit de autonomía personal. El desfase entre las demandas y la capacidad de respuesta de la Administración del Principado es crónico. El pasado año se aprobaron la mitad de prestaciones de la Dependencia (2.536) que en el anterior ejercicio (5.325). El Observatorio de la Dependencia (directores y gerentes de servicios sociales), en el último informe anual afirmaban que la Administración asturiana tiene una «incapacidad estructural para tramitar la Ley de Dependencia». No sé cómo lo habrá tomado la consejera, Marta del Arco, pero esa valoración es una enmienda a la totalidad del trabajo de su consejería.

Si pasamos del análisis cuantitativo al cualitativo, la situación no cambia, porque la mayoría de las prestaciones que concede la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar tienen un coste muy reducido: la teleasistencia y el pago a un familiar del dependiente que hace el papel de cuidador (de media sólo cobran 185 euros mensuales). Las grandes prestaciones (plaza en residencias, centros de día, cuidadores profesionales), que son las que hicieron de la Dependencia uno de los cuatro pilares del Estado del Bienestar, son minoritarias en nuestra región.

Vamos a ver qué resuelve el Plan Agiliza, puesto en marcha para paliar la tardanza con los expedientes tras el desastre (informático) ocurrido cuando se puso en práctica el programa de la Historia Social Única Electrónica. Se montó un ‘totum revolutum’ que se tardó tres meses en desenredar. Hay otras cuestiones, distintas a la Dependencia, que también están atrasadas, como los 68.616 expedientes de bono social térmico (calefacción, agua caliente, cocina). Demasiado retraso para una ayuda mínima. ¿Qué calor dan 50 o 70 euros anuales?