El Gobierno asturiano va a presentar, dentro de unos días, un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Supremo contra el Ministerio de Transportes por negarse a revisar y cancelar el contrato de la prolongación del peaje del Huerna (AP-66) con Aucalsa, la empresa concesionaria. El Principado se basa en el dictamen de la Comisión Europea donde se afirma que el contrato conculcó la normativa de Bruselas. La concesión del peaje terminaba en 2021 y el Gobierno de Aznar la amplió hasta 2050 sin someterla a concurso público. Prolongar el peaje veintinueve años es una decisión extraordinaria que, si no se presentan más argumentos, cabe asimilarla a un nuevo contrato, lo que implica cumplir con unas cláusulas entre las que está permitir a otras empresas que presenten ofertas. Si no se abre el peaje a la concurrencia el contrato no es válido. Por su parte, el Consejo Consultivo del Principado también insistió en que una prórroga de veintinueve años es una modificación sustancial del contrato original, siendo necesario convocar un concurso público para poder mantener la tasa hasta 2050.

El Ministerio de Transportes basó su rechazo a la pretensión asturiana en que no hay una sentencia judicial que determine la ilegalidad de la prórroga. Igualmente hizo constar que al transcurrir veinticinco años sin que nadie impugnase la prórroga, no cabe revisión de oficio. Alejandro Calvo, consejero de Movilidad, Media Ambiente y Gestión de Emergencias, dijo algo muy razonable: «Merecemos una respuesta sobre el fondo de la cuestión». En efecto, no es de recibo que un ministerio se esconda tras cuestiones formales ante una petición de una comunidad autónoma que está respaldada por todo el Parlamento autonómico, ayuntamientos, organizaciones empresariales, centrales sindicales, Universidad de Oviedo y cuatro mil usuarios que estamparon su firma exigiendo la anulación de la tasa. La supresión del peaje es un clamor en Asturias.

El Ministerio de Transportes es consciente, también, de que Aucalsa está cobrando la tasa en unas condiciones anómalas, con el tráfico lentificado por obras interminables. No le importa a la cúpula del ministerio (Óscar Puente, Santano y compañía) perjudicar a Asturias por carretera, después de haber sido afectados por tren (el escándalo de los trenes que no cabían por los túneles). Como dijo Calvo, la prolongación del peaje hasta 2050 supone pagar ocho veces el coste de la infraestructura. Dentro de un año todo eso cotizará en las urnas.

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