El consejero de Hacienda anunció que el Principado empezará a negociar este mes con el ministro de Hacienda el modelo de financiación autonómica. El encuentro se inscribe en una ronda de contactos bilaterales con las regiones. Guillermo Peláez relató que la propuesta de reforma del modelo «nació viciada por un acuerdo con Cataluña» que «no encaja con la defensa de los intereses de Asturias». El consejero dijo que el acuerdo debe ser multilateral, pero que puede haber reuniones bilaterales para facilitar el avance de las negociaciones. Lanzó al aire la pregunta: «¿qué problema hay ahora por sentarse a negociar?». A renglón seguido señaló que la clave está en que el modelo recoja el envejecimiento y la dispersión de la población que elevan el coste de la prestación de servicios en Asturias. A la reunión con el ministro de Hacienda y sus colaboradores, Peláez llevará un listado de peticiones como la asunción de las competencias ferroviarias.

Sentarse a hablar con el ministro no es transcendente, pero empezar a negociar el coste de los servicios como si estuviéramos en una situación normal, sin darnos por enterados de que hay un elefante en la habitación que se llama ordinalidad, que ha servido para que en el sistema pactado con Esquerra Republicana el crecimiento de los recursos sea de 4.686 millones en Cataluña y de 248 millones en Asturias, es anómalo. Qué sentido tiene empezar a ponderar la importancia de la orografía asturiana y de la dispersión de la población sin poner al ministro frente a la desigualdad de su modelo, donde dos tercios del fondo climático que María Jesús Montero se sacó de la chistera van para las regiones del Mediterráneo.

O la novedad de que las comunidades autónomas puedan recibir el 5% del IVA generado por las pymes en sus territorios, pero que está confeccionado de tal manera que tres cuartas partes de lo recaudado por las pymes vaya a Cataluña porque han creado el artificio de que, por ejemplo, la empresa automovilística Seat ingresa el IVA de los coches vendidos en Asturias, que es tanto como engordar la recaudación de la Generalitat con el dinero de los asturianos. Para el presidente Adrián Barbón y el consejero de Hacienda, Guillermo Peláez, es un alivio negociar sobre envejecimiento o dispersión, pero no se puede normalizar la desigualdad. Hay una comunidad privilegiada, Cataluña, y otras relegadas, como Asturias, que pierde seis puntos porcentuales en la financiación por habitante, quedando por debajo de la media. No se puede defender Asturias obviando lo más grave.

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