A falta de conocer el resultado del encuentro entre el Ministerio de Hacienda y la Generalitat sobre el modelo de financiación autonómica, el balance provisional de la ronda de contactos entre el equipo del ministro Arcadi España y los gobiernos autonómicos se puede resumir en una palabra: fracaso. El Gobierno no logró convencer a ningún ejecutivo autonómico de que el modelo pergeñado por la exministra de Hacienda, María Jesús Montero, merece el apoyo de las regiones. Las últimas comunidades contactadas, Asturias y Canarias, han rechazado el modelo. Ambas consideran que no se respetan las singularidades de sus territorios. Los recursos adicionales aportados por el Gobierno central (20.975 millones) no han servido para lograr sus objetivos. Asturias ha recibido de esa cantidad solo 248 millones, perdiendo seis puntos respecto al actual modelo (para alcanzar el promedio de financiación por habitante del resto de regiones, Asturias necesitaría que le inyectasen otros 193 millones), y a Canarias le entregaron 611 millones, pero en términos relativos ha descendido con respecto a la mayoría de los territorios.

Como Cataluña ha apoyado el nuevo modelo, porque lo pactó Oriol Junqueras con Pedro Sánchez, no hay margen para la sorpresa. El próximo mes habrá una reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera; a ella llega el Ministerio de Hacienda con un aliado, la Generalitat catalana, y catorce comunidades autónomas discrepantes: once gobernadas por PP, dos por el PSOE, y una por Coalición Canaria. El vicepresidente primero del Gobierno y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha afirmado que la negociación sobre la financiación territorial seguirá en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, abandonando el formato bilateral de encuentros y pasando al diálogo multilateral, como se había hecho siempre, pero por mucho optimismo que quiera insuflar el vicepresidente la negociación ya está muerta.

El proyecto a negociar no pasa de ser la conocida receta catalana: aplicación del principio de ordinalidad (aunque parezca increíble, el principio de ordinalidad que beneficia a las comunidades ricas, sólo se aplica a Cataluña; a Madrid o Baleares no se les respeta el puesto que ocupan en financiación por habitante antes de aportar recursos al Fondo de Garantía) y fondos especiales (Cambio Climático, mecanismo del IVA de las pymes) diseñados para aumentar la financiación de los catalanes. No puede haber acuerdo sobre un modelo basado en el privilegio.

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