Para el 29 de julio está convocado el Consejo de Política Fiscal y Financiera, en el que están representados el Ministerio de Hacienda y las comunidades autónomas del régimen común (todas, excepto el País Vasco y Navarra). La cuestión a tratar es el nuevo modelo de financiación territorial presentado por el Gobierno. El ministro de Hacienda quiso negociarlo con las comunidades en encuentros bilaterales, en contra de la práctica seguida hasta ahora basada en discusiones multilaterales en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera. Las once regiones gobernadas por el PP rehusaron la negociación bilateral, quedando circunscritos los encuentros del Ministerio de Hacienda a Asturias, Castilla-La Mancha y Cataluña. Las dos primeras comunidades rechazaron el nuevo modelo porque no recogía sus demandas sobre el cálculo de los costes en la prestación de los servicios públicos. Cataluña dio el visto bueno al nuevo modelo que tiene entre otras peculiaridades que ha sido negociado y acordado entre Pedro Sánchez y Oriol Junqueras.

Vistos los antecedentes, el día 29, cuando se someta a votación el texto, la propuesta del Gobierno sólo contará con el apoyo de la Generalitat catalana. Nunca un Gobierno de España fracasó de una forma tan estrepitosa al intentar reformar el sistema de financiación autonómica. El rechazo no es una sorpresa porque el modelo plasma las peticiones de Cataluña y hace caso omiso de las demandas del resto. El Gobierno se limitó a poner una enorme masa de recursos sobre la mesa (21.000 millones adicionales), pensando que con ello podía satisfacer a las comunidades que están peor tratadas con el actual modelo (Región de Murcia, Comunidad Valenciana, Andalucía, Castilla-La Mancha). El Gobierno hacia una apuesta no exenta de intencionalidad política, porque los cuatro territorios citados están gobernados por el PP, de modo que, si oían cantos de sirena, lograba dos cosas: aprobar la reforma del sistema de fin financiación y romper el frente autonómico del principal partido de la oposición.

El Principado rechazará la propuesta del Ejecutivo, como ya había anticipado el presidente Barbón en el caso de que no se modificara al alza el coste de prestar servicios a una población muy envejecida y dispersa en la comunidad más montañosa de España. El Gobierno no quiso entrar por esa vía y se limitó a ofrecer un fondo para mejorar la financiación de las regiones que salen mal paradas en la nueva distribución de recursos. La oferta no sedujo a Barbón.