Las malas relaciones entre el Principado y Aucalsa, empresa adjudicataria del peaje de la autopista del Huerna, AP-66, provocadas por la negativa a dulcificar o suspender el peaje, dadas las condiciones en que se encuentra actualmente la vía, han dado paso a la apertura de un procedimiento sancionador por parte de la Consejería de Ordenación del Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos. La decisión estuvo antecedida de inspecciones, por parte de la Dirección General de Consumo y la Viceconsejería de Derechos Ciudadanos, y de requerimientos a la empresa concesionaria para que corrigiera una situación que el Principado juzga de muy lesiva para los usuarios de la vía.

No es normal que Aucalsa siga cobrando un peaje de 16 euros por transitar por una autopista que tiene todos sus túneles (siete) en obras, obligando a viajar a unas velocidades muy inferiores a las que se desplazan turismos, camiones y autobuses por vías de doble calzada. La frecuencia de los atascos y la imposibilidad de usar los dos carriles en partes del trazado ha llevado a que en el expediente abierto se considere que la empresa comete dos infracciones; una de ellas de carácter muy grave (penalizada con un millón de euros) al cobrar íntegro el peaje pese al manifiesto deterioro del servicio, y la otra grave (penada con 100.000 euros), al considerar que la empresa no facilita documentación a los usuarios sobre el alcance de las obras, ni de las restricciones que conlleva el tránsito por la AP-66 antes de acceder a la autopista.

El consejero de Ordenación del Territorio, Ovidio Zapico, manifestó que mientras haya obras, bien sea para modernizar la autopista o para estabilizar la ladera tras el derrumbe del talud en noviembre de 2024, lo más sensato es levantar las barreras y permitir que el tránsito de los vehículos sea gratuito. Para Zapico sería una medida provisional porque, a su entender, la verdadera solución pasaría por suprimir el tributo que la Comisión Europea considera ilegal al tratarse de la prolongación del peaje inicial, adjudicado a dedo sin haberlo sacado a concurso.

En la reunión del Consejo de Gobierno del próximo lunes se procederá a aprobar la sanción que será sometida al trámite de las alegaciones antes de proceder a la resolución definitiva por parte del Principado, recurrible por Aucalsa en vía contenciosa-administrativa. Todo este forcejeo, legal y político, ocurre porque el Ministerio de Transportes ha optado por guardar silencio, pese al clamor de la opinión pública.