La instrucción del ‘caso Hulla’, abierta para investigar si el dinero regulado por José Ángel Fernández Villa al acogerse a la amnistía fiscal de Montoro, en 2012, procedía de fondos públicos destinados a la reconversión minera, ha llevado a la apertura del juicio oral, con quince personas imputadas de distintos delitos (fraude de subvenciones, falsedad documental, prevaricación urbanística, tráfico de influencias, delitos contra la ordenación del territorio, blanqueo de capitales y delitos contra la Hacienda pública). La mayor petición de privación de libertad es para José Antonio Postigo (24,5 años) y una multa de 80,7 millones de euros. Postigo jugó un papel destacado, presuntamente, en el desvío de fondos públicos. Era, entonces, el presidente del Montepío de la Minería Asturiana, institución que construyó el macrogeriátrico de Felechosa, con un coste de 31 millones (el doble de lo previsto).

La Fiscalía centra su trabajo en el resarcimiento económico de la riqueza oculta de Villa, secretario general del Sindicato Minero (SOMA) durante más de tres décadas. No es posible mandar a prisión a Villa por su delicada salud, pero la Fiscalía atribuye a su familia (mujer e hijos) la condición de partícipes a título lucrativo en delitos de blanqueo de capitales, considerando que tienen una responsabilidad civil subsidiaria. Deben responder con sus bienes, solicitando la Fiscalía el embargo cautelar y posterior decomiso definitivo de fincas, viviendas, sociedades patrimoniales y saldos bancarios que están a nombre del entorno familiar, hasta cubrir lo sustraído al Instituto para la Restauración de la Minería del Carbón. En el banquillo también se sentarán el exalcalde de Aller, Gabriel Pérez-Villalta, que puso el Consistorio al servicio de los planes de Villa (recalificaciones urbanísticas), junto a los responsables de la empresa constructora, la dirección técnica del geriátrico, los asesores jurídico-financieros, etc.

Siempre me produjo una gran extrañeza este asunto. Villa, en 2012, se acoge a la amnistía fiscal y lleva en bolsas 1,3 millones a una oficina bancaria. No pasa nada. Dos años más tarde sale a la luz que lo investiga la Fiscalía Anticorrupción y la cúpula del PSOE asturiano se rasga las vestiduras y lo expulsa. Zapatero, con 1,3 millones de euros en piedras preciosas no regularizadas, no le ocurre nada. Villa alega problemas de cognición y memoria, y la instrucción dura diez años sin que nadie le ponga el cascabel al gato. A ver cómo termina.