BUROCRACIA EN FORMA
La guerra contra la burocracia, declarada por Adrián Barbón cuando llevaba un año de presidente tuvo eco en la sociedad porque tiene mala prensa desde los tiempos de Larra. Unos meses más tarde se dejó de hablar de ella, ya que una guerra sin victorias ni derrotas, sin bajas ni refuerzos no es noticiable.
Estábamos desprevenidos cuando el Gobierno regional nos avisó de que en los últimos años se produjo uno de los «procesos de modernización más relevantes de la última década». Un cambio radical en el Principado y nosotros sin saberlo.
La alegría se esfumó cuando los empresarios opinaron sobre el estado de la burocracia en la administración asturiana. María Calvo, presidenta de la Fade, afirmó que «la simplificación administrativa sólo podrá darse por conseguida cuando las empresas perciban una reducción clara de las cargas burocráticas». Según María Calvo, «mientras esta realidad no cambie, la burocracia continuará siendo uno de los principales obstáculos para el crecimiento empresarial».
Félix Baragaño, presidente de la Cámara de Comercio de Gijón, afirmó que desde la perspectiva empresarial «la mejora en la burocracia y en las relaciones con las distintas administraciones no sólo no se ha producido, sino que, incluso, en casos concretos, se ha ralentizado».
Como la transformación comenzó, según el Gobierno, por el ámbito legislativo, veamos lo sucedido con las leyes emblemáticas de la reforma administrativa. Por ejemplo, la Ley de Calidad Ambiental, que tenía como elemento novedoso la eliminación de la licencia municipal de actividad, sustituyéndola por la declaración responsable. IU se opuso frontalmente a ese cambio, y propuso matizar las normas con reglamentos sectoriales que elevaron las garantías ambientales.
La Consejería de Medio Ambiente diseñó un Manual para el Desarrollo del Régimen de Inspección que obliga a los ayuntamientos a aplicar criterios rigurosos para revisar, a posteriori, lo que las empresas declararon previamente por escrito.
Si los técnicos detectan deficiencias, la empresa puede continuar la actividad, pero tiene un plazo muy corto para subsanar los errores. En caso de no hacerlo se paraliza el negocio. En definitiva, la Administración ha levantado un muro de reglamentos que sustituye el control previo por la fiscalización posterior rigurosa. El reino de la burocracia.
Veamos la Ley de Empleo Público, que iba a ser una revolución para el personal, con evaluaciones que conllevarían mejoras o pérdidas en la nómina.
Hasta la fecha se siguen realizando las evaluaciones de la llamada carrera profesional (horizontal), que creó el presidente Areces en 2009. La evaluación del desempeño, tal como está configurada en la Ley de Empleo Público, sigue atascada. Hay un embrollo difícil de resolver entre la carrera profesional y la evaluación del desempeño de la Ley de Empleo Público. Las posiciones sindicales avanzan en la negociación sobre los baremos y siguen en el aire las partidas presupuestarias.
La Ley de Empleo Público estaba pensada para estimular el trabajo de jefes de servicio y de sección. Ahora se extenderá a 42.600 empleados. Una tarea anual inmensa, que multiplica el trabajo burocrático, aunque el punto más sensible lo resolverán de un brochazo: la valoración de los jefes de servicio correrá a cargo de los consejeros de Gobierno. Rigor e imparcialidad.
Vamos finalmente con la Ley de Proyectos de Interés Estratégico (PIER). Aprobada hace 19 meses, sólo hay un proyecto evaluado, la superficie comercial de Costco en Siero. El proyecto de la mina de oro de Salave (Tapia de Casariego) quedó aparcado ante el bloqueo institucional y urbanístico.
Indra ha anunciado la presentación de una iniciativa PIER con dos referencias, El Tallerón (Gijón) y los antiguos talleres de Duro Felguera en Barros. Indra presentó su petición el pasado 20 de junio. Es evidente que solicita el PIER para expropiar los talleres de Barros, al no llegar a un acuerdo con Duro Felguera sobre el precio.
De todo lo visto, el único proyecto estándar, tal como recoge la ley, es la superficie comercial de Costco, pero hay problemas. Después de asumir todo tipo de exigencias como cerrar acuerdos con productores locales, incorporar productos agroalimentarios asturianos en sus propias marcas de distribución, realizar informes trimestrales para la Agencia Sekuens, llevar a cabo auditorias anuales sobre el empleo, etc., resulta que Costco necesita 15.000 metros cuadrados y las directrices comerciales marcan de límite 2.500 metros cuadrados. El Principado utilizó el PIER para saltar el límite (la concesión de PIER anula las restricciones urbanísticas y comerciales). Conclusión: apenas se presentan iniciativas empresariales de PIER y, cuando las hay, no es para reducir plazos y ganar tiempo, sino para utilizar vías (expropiación, saltar normas consolidadas) que causan conflictos.
La burocracia goza de buena salud.