AROMA ELECTORAL
Cuando no hay acuerdo entre las partes –Comisión Europea y Gobierno de España– la normativa de la Unión Europea establece un periodo formal de negociación para alcanzar una solución que satisfaga a ambas. Una vez que el Gobierno no se avino al dictamen de la Comisión Europea de anular la prórroga del peaje del Huerna que significaría la supresión del tributo, el Principado considera que, de no llegar a un acuerdo con rapidez, Bruselas debe acudir al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). Guillermo Peláez, consejero de Hacienda, Justicia y Asuntos Europeos, lo expuso así: «Lo que les pedimos es que acudan al TJUE como va a hacer el Principado recurriendo también al Tribunal Supremo».
Guillermo Peláez sabe que las cuestiones judiciales tienen un procedimiento rígido, con unas formas pautadas, que son difícilmente adaptables a los intereses de las partes. En este caso estamos hablando de un conflicto entre la Comisión Europea y el Gobierno de España, que podemos calificarlo de choque entre pesos pesados. La posibilidad de incidir en el procedimiento por parte de Asturias, una región pequeña de la UE (las 244 Unidades Territoriales Estadísticas europeas oscilan entre 800.000 y 3 millones de habitantes), es prácticamente nula.
Ni es un asunto urgente desde la perspectiva europea ni las instituciones asturianas lo consideraron importante hasta el dictamen de la Comisión Europea. Conviene recordar que, si no hubiera sido por el ciudadano Daniel Ripa, que presentó en solitario la denuncia contra la prolongación del peaje del Huerna en septiembre de 2021, nada hubiera ocurrido. Es más, el Principado, y el resto de la clase política, mostraron desinterés y escepticismo por la iniciativa de Ripa. En ese tiempo el Principado negociaba sin éxito con el Ministerio de Transportes unas bonificaciones semejantes a las logradas por los gallegos en la AP-9 (Ferrol-Tui). No se dudaba de la legalidad de la tasa, ni se criticaba el proceder de Transportes.
Tres años después, la Comisión Europea comunicó la admisión de la denuncia. El argumento que esgrimió Ripa para proclamar la ilegalidad era que la prórroga del peaje hasta 2050 se había ejecutado sin convocar concurso público, contraviniendo el derecho comunitario. Bruselas hizo suyo el argumento. Cuando se está a menos de diez meses de la apertura de las urnas, las afirmaciones rotundas sobre la supresión del peaje tienen un aroma electoral inconfundible. La sentencia será posterior a la votación.