Los intentos para aprobar un nueva Ley de Industria que sustituya a la actual (1992) han sido baldíos. La primera iniciativa partió de la exministra Reyes Maroto que, aunque no tenía entre sus conocimientos la problemática industrial, logró que el Consejo de Ministros aprobara el anteproyecto de la nueva ley a finales de 2022. Al llegar el trámite de alegaciones, las empresas explicitaron dudas, temores y discrepancias. No aceptaban la obligación de mantener la actividad y el empleo durante equis años tras recibir ayudas, dudaban ante la posibilidad de sanciones por cierres, criticaban la intervención del Estado en decisiones empresariales, tenían dudas sobre la seguridad jurídica; algunas empresas advirtieron sobre posibles desincentivos a la inversión. La dinámica electoral, con los comicios de 2023, puso fin al primer intento de aprobar una nueva Ley de Industria.

Tras la renovación electoral, Jordi Hereu se hizo cargo de la cartera de Industria y el Consejo de Ministros aprobó el nuevo proyecto de esta norma. Merece la pena destacar alguna frase del ministro sobre la cuestión: «Con la Ley de Industria nos estamos jugando el futuro de las próximas décadas»; «es necesario reforzar la competitividad, la innovación, el empleo de calidad y la transición ecológica para liderar la nueva era industrial española».

El proyecto de ley se registró en el Congreso de los Diputados y llegó al trámite de presentación de enmiendas. Ahí lleva año y medio bloqueado. Es probable que acabe la legislatura sin ser aprobada la norma. Hay en este asunto dos cuestiones distintas. La primera es la peripecia parlamentaria. Si el proyecto lleva prórroga tras prórroga retenido en la Mesa del Congreso de los Diputados es porque hay algún grupo (o grupos) interesado en que no progrese, al menos con el actual articulado. Por ahora la resistencia al proyecto es más fuerte que la defensa del mismo.

La segunda cuestión es más compleja. Una ley que reforme el Código Penal tiene efectos inmediatos sobre delitos y delincuentes. Una ley de industria no cambia la industria ni acelera la transición ecológica ni genera empleo de calidad. Una ley de industria no impulsa la producción de acero verde en Asturias. Esos objetivos no corresponden al poder legislativo, sino al ejecutivo y a las empresas. Una ley puede ayudar y colaborar con la modernización de la industria, sin duda, pero solo desde una visión burocrática se puede pensar que sea el remedio de los déficits y males del sector industrial.