AUTÓNOMOS, TRATO ABUSIVO
La presidenta de la Asociación de Trabajadores Autónomos de Asturias (ATA), Patricia Oreña, denuncia el grave problema que sufren los autónomos por la creciente burocracia que está ahogando al colectivo: «Llevamos años oyendo hablar de simplificación administrativa y de reducción de cargas, pero eso es algo que nunca llega a hacerse realidad porque el cumplimiento normativo cada vez es mayor». En trámites ante las administraciones públicas dedican 226 horas anuales. Esas gestiones tienen un coste, de media, de 15 euros a la hora, así que el coste anual es de 3.390 euros. Una barbaridad. La jornada laboral de los trabajadores autónomos es de 47 horas semanales, destinando cuatro de ellas a las relaciones con las administraciones. El incremento de normas europeas, nacionales, autonómicas y municipales causa un impacto económico, que sumado al gasto derivado de las gestiones burocrática supone una factura de 239 millones anuales. A escala nacional, el coste llega a los 11.000 millones de euros, derivado de 758 millones de horas de trabajo improductivo.
Algo más del 20% del colectivo tienen empleados (casi siempre entre uno y cinco trabajadores). En esta modalidad de autónomos las tareas burocráticas y de interpretación y aplicación de las nuevas normativas crece de una forma exponencial. Como dice Patricia Oreña, «cada día dedicamos más tiempo a los papeles y menos a generar riqueza». En Asturias hay 70.559 autónomos. Vienen a representar entre el 16% o 17% de toda la población empleada en la región. Sufren una aguda problemática que tiene en la burocracia uno de los mayores escollos. Pero también reciben un trato muy injusto en las obligaciones fiscales.
Los trabajadores autónomos abonan el IVA a Hacienda sin haber cobrado las facturas. Esa forma de proceder abusiva hace que tengan graves problemas de liquidez. Si recurren a los intermediarios financieros para tener recursos en mano, se encuentran con trabas y petición de avales personales. Algo similar les ocurre cuando se ponen enfermos. No tienen derecho a prestaciones económicas por enfermedad ni al reconocimiento automático de la incapacidad temporal. Esa desprotección es la causa de que sólo nueve de cada mil autónomos pidan la baja laboral. Una vergüenza. Cobran pensiones inferiores (40%) a los trabajadores del régimen general porque con tantos costes que atender se ven obligados a cotizar menos a la Seguridad Social. Por eso uno de cada tres trabajadores autónomos retrasa su jubilación.