Agosto es el mes de las vacaciones para todos y en especial para el sector público. Los políticos, tanto si ocupan cargos institucionales, como si gestionan bienes y servicios de la Administración, al llegar agosto abandonan sus responsabilidades. Sin políticos no hay política, así que al finalizar julio empieza el único periodo sin broncas.

En la primera quincena de agosto ocurrió algo tan imprevisto como artificial: una pugna entre los dos socios del Gobierno de coalición, PSOE e IU. Cooperan en los periodos en que el Parlamento está abierto y discrepan cuando no hay quorum. La pugna tiene truco.

Avanzado julio salió a la palestra Adrián Barbón para decir que va a bajar la presión fiscal a las clases medias. El objetivo del presidente del Principado no deja de ser sorprendente, ya que durante siete años al frente del Ejecutivo la fiscalidad asturiana era la que más gravó las rentas más bajas (0-12.450 euros) y unas de las tres que tenía los tipos más altos, junto con Cataluña y Valencia, para los contribuyentes con ingresos entre 33.007 euros y 53.407. Se supone que en este tramo están ubicadas las clases medias.

El anuncio tenía un aroma electoral inconfundible. Nadie le dio credibilidad excepto Ovidio Zapico, líder de IU, que se sintió interpelado y dijo que no apoyaría ninguna rebaja de impuestos. Barbón insistió en su tesis de recorte fiscal y se mostró optimista sobre un acuerdo con IU sobre la fiscalidad. Una vez escenificado el antagonismo entre las dos izquierdas, Ovidio Zapico elevó la apuesta: «No existirá ninguna negociación sobre política fiscal sin pactos de calado en vivienda, salud, protección del medio ambiente y servicios sociales». Para darle empaque a su alternativa, sacó a relucir el debate sobre el estado de la región, que tendrá lugar al inicio del otoño, como la ocasión de presentarse en el Parlamento «a la ofensiva» para mantener con firmeza la senda de la transformación social.

Tras metabolizar el discurso de Ovidio Zapico uno tiene la impresión de que su desfase no es un problema de reloj, sino de calendario, porque lo que propone es lo propio del inicio de legislatura. Habla como si tuviera cuatro años por delante, cuando quedan nueve meses para la apertura de las urnas. Se marca el objetivo de pactar todo tipo de políticas con el socio mayoritario de Gobierno, sin tener la menor probabilidad de llevarlas a la práctica.

Cuando pactó la entrada de IU en el Gobierno, allá por 2023, era el momento de negociar con el PSOE políticas de calado que ahora promete porque sabe que no puede ejecutar. El verdadero debate sobre la región no se celebrará este año, sino en julio de 2027, con un candidato optando a ser investido presidente del Principado. Entonces será el momento de ir a la ofensiva.

El discurso de Ovidio Zapico busca dos fines. El primero es anticipar la carrera electoral, a sabiendas de que no se compromete (es imposible, por ejemplo, cambiar las políticas sociales en nueve meses). En ese intento le acompañará Barbón que hará sus propias propuestas para crear expectativas en un electorado desengañado.

El segundo motivo que comparten Barbón y Zapico para discutir sobre programas (las propuestas de los pactos sobre vivienda, sanidad, medio ambiente y servicios sociales constarán en los programas electorales de la izquierda) es la esterilidad del mandato. Han transcurrido siete años llenos de declaraciones, pero inmovilizados por la burocracia y las contradicciones de una coalición entre moderados y radicales.

Las reformas que necesita Asturias no se han acometido, entre ellas una reforma fiscal que nos alinee con las comunidades autónomas que nos rodean. Frente a esta propuesta, en el Gobierno hay consejeros que piensan que el progreso de Asturias pasa por subir los impuestos. En la última década hemos ido en el furgón de cola del crecimiento del PIB entre las comunidades autónomas.

Sorprende el optimismo en las propuestas del Gobierno. Sólo piensan en incrementar el gasto público. Simulan no enterarse que la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) nos ha amonestado repetidamente por poner en riesgo la sostenibilidad del Principado. La Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) ha calculado que el pago de los intereses de la deuda asturiana pasará de los 53 millones del año 2022 a 174 millones en 2029. Un crecimiento del 229%.

La subida de tipos del Banco Central Europeo forma parte del escenario de corto plazo. Y hay otros pensando que nos salvará el bable.