REBELDE SIN CAUSA
La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) cuestiona en su último informe las previsiones del Principado para contener el gasto en 2026 y 2027. El asunto viene de atrás. Para corregir desfases presupuestarios el Principado asumió en junio del pasado año el compromiso de presentar un Plan Económico-Financiero. En ese documento debía incluir iniciativas para recortar el gasto e incrementar los ingresos.
Lo más llamativo del plan del Principado no fueron las cifras, sino la crítica del consejero de Hacienda a la metodología que utiliza la AIReF para valorar la sostenibilidad de las cuentas públicas. El cálculo lo hace aplicando la norma de la regla de gasto, que marca un tope al crecimiento: la variación (crecimiento) de gasto de una administración no puede superar la tasa de referencia de crecimiento del PIB. Este precepto se completa diciendo que, en caso de haber superávit presupuestario, todo él debe destinarse a amortizar deuda.
El Principado, como todos los gobiernos autonómicos, lleva muy mal cualquier recomendación de reducción del gasto. Las principales competencias autonómicas son la sanidad, la educación y los servicios sociales, tres áreas que crecen, asiduamente, por encima del PIB de las regiones. Los distintos gobiernos de España fueron muy permisivos con el gasto autonómico y, tras décadas de gestión descentralizada, es muy difícil corregir la tendencia al gasto elevado. El consejero de Hacienda quiere que haya una mayor flexibilidad con el gasto, de tal forma que todos los recursos puedan destinarse al gasto social y la inversión productiva, sin reparar en la sostenibilidad de las finanzas regionales. Como las preferencias o deseos no rigen en política, Guillermo Peláez sacó a relucir que la regla de gasto está obsoleta y debe aplicarse la norma homóloga de Bruselas, aprobada hace dos años. Sin duda, tendría alguna ventaja para Asturias al no computar el gasto en los proyectos cofinanciados por la Unión Europea, pero en otras cuestiones la legislación comunitaria es más estricta. En cualquier caso, las leyes hay que cumplirlas hasta que dejan de estar vigentes.
El Principado prevé que este año el gasto crezca un 3,5%, mientras la AIReF lo sitúa en un 6,8%. Como el rechazo a las pautas de la AIReF constituye una constante, habrá que preguntarse cuánto tiempo cree el Principado que se puede hacer caso omiso de las recomendaciones de la autoridad fiscal. La rebeldía no es una opción en las relaciones institucionales.