PETICIÓN ESTRAMBÓTICA
La Dirección General de Consumo, dependiente de la Consejería de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Vivienda y Derechos Ciudadanos, ha recibido una petición del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible para presentarse «como parte y persona interesada» en el expediente sancionador abierto por la Dirección General de Consumo contra la empresa Aucalsa, adjudicataria del peaje en la autopista del Huerna.
Supongo que la viceconsejera de Derechos Ciudadanos, Beatriz González, no habrá recibido en toda esta legislatura una petición tan estrambótica. ¿Qué interés puede tener el ministerio en un expediente que afecta a una empresa privada? Aucalsa no es, precisamente, una pyme. Le sobran medios humanos y materiales para defenderse de la sanción, con las garantías que otorgan los procedimientos administrativos de nuestro ordenamiento jurídico. Sería inaudito que el ministerio hiciera causa común con la empresa ante un expediente sancionador que se instruye porque Aucalsa cobra el mismo peaje, sin tener en cuenta que la autopista está en obras que ralentizan el tráfico de los vehículos hasta el punto de tener que transitar en partes de la vía a velocidades máximas de 60 kilómetros a la hora, produciéndose atascos importantes y límites de velocidad reducidos.
Tras todo lo ocurrido con la ilegal prolongación del peaje del Huerna (dictamen de la Comisión Europea) hasta el año 2050, resulta un oprobio que la empresa titular del peaje, sin haber pasado por un procedimiento de concurrencia, siga cobrando 16,2 euros por transitar por la calzada, pese a las condiciones deplorables que presenta. La autopista León-Campomanes es la tercera más cara de España, tras Bilbao-Zaragoza y Ferrol-Tui.
El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible conoce perfectamente que el Tribunal Supremo ha fallado contra Audasa (empresa perteneciente, como Aucalsa, al grupo Itinere, gestor de infraestructuras controlado por fondos de inversión) por prácticas abusivas al cobrar el 100% del peaje en la AP-9, estando en obras el puente de Rande, obligándola a resarcir a los ciudadanos que usaron la autopista entre 2015 y 2018. Una situación idéntica a la que se vive ahora en la autopista del Huerna. Conociendo todo lo anterior sería el colmo que el Ministerio de Transportes cerrara filas con Aucalsa en contra del proceder del Principado y los intereses de los asturianos. No hubo en la democracia un ministerio que fuera tan adverso a los proyectos del Principado.