La viceconsejera de Derechos Ciudadanos, Beatriz González, ha respondido a las declaraciones y las actuaciones del Ministerio de Transportes relativas al expediente sancionador abierto por la Dirección General de Consumo a la empresa adjudicataria del peaje de la AP-66. La decisión del ministerio de personarse en el expediente es interpretada por la viceconsejera como ponerse, de facto, al lado de la empresa concesionaria del peaje de la autopista. O lo que es lo mismo: en contra del Principado.

Sobre el estado de la autopista y el efecto que tienen sobre el tráfico las obras de modernización de los siete túneles de la AP-66 y la estabilización de la ladera donde se produjo el argayo de 2024, Beatriz González discrepa de la versión del Ministerio de Transportes. No considera que las incidencias sobre el tráfico rodado hayan sido puntuales. Al contrario, recalca que los trabajos en la doble calzada llevan meses condicionando la principal conexión de Asturias con la meseta. Es más, este verano, entre mediados de julio y principios de agosto, el Ministerio de Transportes hizo obras (renovación de asfaltado) en cinco kilómetros de la carretera del Puerto de Pajares, dejando la teórica alternativa de la autopista del Huerna en las mismas circunstancias calamitosas para el tráfico. El ministerio justificó la inconveniencia de hacer obras en los meses más turísticos y, en consecuencia, con mayor tráfico rodado, por la mejora de las condiciones climáticas.

Queda claro, el calendario de las actuaciones se confecciona en función de los exclusivos intereses del ministerio; así se entienden mejor tantos incumplimientos ministeriales en nuestra comunidad autónoma. En la Dirección General de Consumo consideran muy significativo que el Ministerio de Transportes haya tomado la decisión de personarse en el expediente sin haber hablado antes con el Principado. Para Beatriz González, ese proceder, «hace pensar que han cedido a presiones empresariales». En el asunto del peaje del Huerna la única empresa interesada es Aucalsa que tiene en el ministerio a su valedor.

Se mire por donde se mire, la situación es insólita. Un equipo ministerial, que no tendría nada que ver con una empresa que fue beneficiada hace veintiséis años con la adjudicación de un peaje sin necesidad de concurso, resulta que choca con la Comisión Europea cuando anula la tasa y se enfrenta al Principado hasta el punto de cuestionarle una sanción administrativa a la citada empresa. ¿Cómo se come esto?