EVALUAR O TRABAJAR
Con la Ley de Empleo Público, aprobada en marzo de 2023, rozando el final de la pasada legislatura, el entonces vicepresidente del Gobierno, Juan Cofiño, pretendía reformar la Administración del Principado por el sitio más delicado, alterando el status de los funcionarios: puestos de trabajo y remuneraciones. La norma es muy ambiciosa y tiene en el punto de mira acabar con ‘el café para todos’.
Las críticas al intento de reforma constituyen un ejemplo del inmovilismo de la clase política asturiana: todos los días quejándose de los vicios de la Administración del Principado y cuando se quieren introducir medidas que dinamizan una estructura fosilizada se oponen.
Reformar la Administración autonómica asturiana es una decisión valiente, sin precedentes en otras comunidades autónomas. Merece la pena intentarlo, pero no de cualquier manera.
En 2009, hubo un precedente cuando se aprobó la carrera profesional. La reivindicaron los sanitarios, porque suponía una mejora salarial, y se extendió al resto de la Administración. Una medida improvisada, provocada por la presión sindical, tuvo un resultado muy desafortunado al convertirse en un complemento de antigüedad: más coste salarial para la Consejería de Hacienda y ningún beneficio para la sociedad.
Si hubiera unos gobernantes avezados, lo ocurrido con la carrera profesional debería haber servido de advertencia. No es el caso.
Con la mejor intención del mundo, a principios de 2025, la vicepresidenta Gimena Llamedo presentó un primer borrador para evaluar a los empleados públicos. Hubo rondas de negociación con los sindicatos, nuevas consultas públicas, más aportaciones, un periodo de análisis jurídico y una definitiva exposición pública. A falta del dictamen del Consejo Consultivo, el Gobierno ya está preparado para aplicar el nuevo sistema de evaluación de los empleados a principios del próximo año.
¿Cómo es el sistema de evaluación? Abarca a todos los empleados, con excepción de los docentes y la inmensa mayoría de los sanitarios, lo que viene a suponer evaluar alrededor de 15.000 trabajadores todos los años.
El examen lo hacen los inmediatos superiores jerárquicos, que marcan objetivos colectivos e individuales para cada funcionario. Se evalúa la capacidad de tomar decisiones, de organizarse, la minuciosidad y el esfuerzo. El examen empieza con una entrevista y el subordinado puede llevar una memoria para defender su productividad. Cada ítem se valorará con una escala del 1 al 5 (muy insuficiente, insuficiente, básico, adecuado, excelente). Habrá un informe motivado, audiencia al interesado, revisión jerárquica y una resolución formal que se comunicará al afectado.
Una evaluación negativa conlleva que no acceda a mejoras en el plus de la carrera profesional y se le impondrá un programa formativo. Dos suspensos impedirán cobrar la carrera profesional, entre otras penalidades. Tres suspensos comportan el cese en destinos de libre designación.
En el lado opuesto, un funcionario con resultado excelente, con las máximas puntuaciones en la evaluación del desempeño, puede acceder a nuevos incentivos, pero no de forma automática y siempre a discreción de la superioridad.
Asombra que se haya pergeñado este modelo de evaluación. Vayamos con lo más perjudicial. Si se sigue este protocolo el trabajo ordinario de la Administración autonómica colapsa. No pueden los jefes de servicio y de sección dedicarse a entrevistar, redactar informes, revisar decisiones, adoptar resoluciones, repasar las tareas hechas durante el año, recibir en audiencia a los miles de empleados que trabajan con ellos, y, a la vez, gestionar los expedientes ordinarios de su servicio o sección.
La evaluación del jefe inmediato es muy problemática. La sintonía o discordancia diaria entre jefe y subordinado se traslada al resultado de la evaluación. Será fuente de incontables conflictos y de recursos administrativos y contenciosos. Un disparate. Lo mismo cabe decir de los políticos poniendo nota a los jefes de servicio. Funcionará el amiguismo y la simpatía política.
Si se quiere actuar con rigor la evaluación tiene que hacerla, forzosamente, un agente externo. Ya ocurre con todo tipo de auditorías.
La evaluación debería de ser por unidades administrativas y a los jefes de servicio y de sección. Por ahí iba la idea inicial. Luego, en negociaciones y consultas derivó en una ampliación a toda la plantilla, formando un híbrido entre la carrera profesional y la nueva evaluación. Si no se rectifica solo habrá la evaluación de 2027 y con dificultades. Con las elecciones se acabarán los exámenes.