La reforma del modelo de financiación autonómica planteada por el Gobierno ha sido aprobada en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. El reglamento de la institución otorga al ministro de Hacienda el mismo número de votos que a todas las comunidades del régimen común juntas, es decir, quince. Con que una sola comunidad autónoma vote a favor de la reforma gubernamental, queda aprobada. En la votación, trece regiones rechazaron el nuevo modelo y dos (Cataluña y Canarias) votaron afirmativamente. De esa manera llega al Congreso de los Diputados la propuesta del Gobierno con una abrumadora mayoría de territorios en contra.

Desde 1980, en que se aprobó la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas, hubo cinco reformas del modelo. Si Las Cortes Generales dan el plácet al nuevo proyecto, será la sexta reforma. A diferencia de todas las anteriores, el sistema acordado es fruto de un pacto entre Pedro Sánchez y Oriol Junqueras, líder de ERC. Es un acuerdo cerrado que no permitió introducir cambios en el texto para que los privilegios de Cataluña no se vieran mínimamente mermados (los representantes de Andalucía y Murcia lamentaron que el ministro, Arcadio España, rechazara todas sus alegaciones). Como el Gobierno observa la realidad con lentes deformadas, el ministro de Hacienda dijo que habían mantenido actitud de diálogo hasta la extenuación. Arcadio España considera que sería muy bueno que el modelo empezará a aplicarse el 1 de enero de 2027. A la Generalitat le vendría de perlas al recibir 4.700 millones extra.

Hace unos meses el ministro y su equipo sondearon a las comunidades autónomas (no a todas). Llevaban debajo del brazo la misma receta para ganar adhesiones: dotar fondos con recursos específicos para cada territorio (se le quita al Estado, y se reparte por el mapa). Un objetivo prioritario eran las comunidades gobernadas por los socialistas (Asturias, Castilla-La Mancha). Adrián Barbón no compró la mercancía de Arcadio España. Explicó que el problema para Asturias no estaba en recibir más dinero, sino en el modelo. En efecto, la aplicación del principio de ordinalidad (privilegio concedido a Cataluña, no a Madrid) limita injustamente los mecanismos de solidaridad territorial. Para el Principado hay que rehacer la unidad de medida (población ajustada) para calcular correctamente las necesidades de gasto de cada región. Al oír los argumentos la delegación ministerial salió corriendo. Espero el ‘no’ del Congreso de los Diputados.