OPERACIÓN SINGULAR
Tras una tensa espera para ver cómo se resolvía el pulso entre Indra y Duro Felguera por el taller de Barros, la solución llegó de una forma inesperada. El complejo de naves industriales en Barros (Langreo) no va ser propiedad de la multinacional especializada en Defensa y tecnologías digitales, ni tampoco va a permanecer en poder de la empresa asturiana de ingeniería. Al prolongarse el tira y afloja, entre ambas, ha aparecido un tercer candidato que no fabrica carros de combate ni entrega bienes de equipo llave en mano. Es una gran empresa de servicios sin ánimo de lucro. Estoy hablando del Principado.
Nadie podía imaginar cuando empezó este mandato que el Gobierno asturiano compraría naves industriales a una centenaria empresa asturiana para arrendárselas a una multinacional. Máxime, cuando la primera estaba interesada en vender y la segunda en comprar, aunque tenían serias diferencias en el precio.
Indra y Duro Felguera se pusieron de acuerdo en la compraventa de El Tallerón (Gijón), por 3,5 millones, pero en el taller de Barros las posiciones estaban alejadas (seis millones ofrecía Indra, en 15 millones tasaba las naves Duro Felguera). En cuanto se enquistó la negociación, el Principado blandió la amenaza de la expropiación, basándose en la Ley de Proyectos de Interés Estratégico Regional, que contempla esa figura.
En junio, Indra presentó al Gobierno asturiano un proyecto de interés estratégico que abarca todas las instalaciones de la compañía en Asturias, englobando también a las antiguas instalaciones del taller de Barros (cerrado en 2014), aunque siguen siendo propiedad de Duro Felguera. La idea es tener dos plantas de fabricación y modernización de vehículos militares, una en Gijón y la otra en Langreo. El expediente de proyecto estratégico se empezó a tramitar en la Agencia Sekuens (Principado).
La expropiación es una figura muy discutible cuando se trata de apropiarse de un bien industrial, porque no es fácil demostrar la utilidad pública o el interés social. Es muy distinto a expropiar unos terrenos para que pase por allí una carretera. No obstante, la expropiación tiene la ventaja del justiprecio que está casi siempre muy por debajo del valor real del bien en el mercado.
Las entidades empresariales, los sindicatos y la clase política temían que, al dilatarse la compraventa del taller de Barros, Indra llevara su proyecto de fabricar blindados a otra comunidad autónoma.
Desde el Principado se lanzaron frecuentes alusiones a la expropiación.
El pasado martes, Adrián Barbón despejó la duda al anunciar en la inauguración de la Escuela de Verano de UGT que el Principado compraba el taller de Barros. Sorpresa. No ha entrado en las concreciones de la operación: precio del taller de Barros, forma de pago a Duro, cuánto le costará a Indra tener las naves a su disposición.
Estamos acostumbrados a ver que la Administración expropia bienes de particulares y concede subvenciones a la iniciativa privada. Pero está fuera de lo normal que compre unas naves industriales para alquilárselas a una multinacional. Barbón afirmó que se ha encontrado «una solución satisfactoria para todas las partes».
Convengamos que las dos empresas tienen que estar encantadas. Indra pensaba comprar por seis millones y se encuentra con que puede trabajar en las naves pagando un alquiler a largo plazo. En cuanto a Duro, elimina el riesgo de ver expropiados sus bienes y logra un precio muy superior en la venta a las ofertas hechas por Indra. ¿Y el Principado?
En los siete años de mandato, los gobiernos de Barbón no fueron muy generosos con las empresas, pero Duro es una excepción. El Principado le concedió un préstamo de seis millones cuando la empresa tenía el agua al cuello. Posteriormente, la reestructuración de la compañía se basó en una gran quita de deuda que dejó al Principado sin el dinero prestado.
La permanente falta de transparencia nos impide conocer el misterio que rodea a la compraventa. El principal accionista de Indra es la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (Sepi), con el 28%. La Sepi salvó a Duro de la quiebra con un préstamo de 120 millones. Sentadas estas premisas, ¿cómo la Sepi, que en este caso es como decir Indra, no pudo convencer a Duro que le vendiera más baratas las naves? Es inexplicable.
Vaya por delante que prefiero la actuación del Principado a la inacción, tan típica de los últimos gobiernos asturianos, pero hay que reconocer que la operación es singular. Cuesta aceptar que el dinero de los asturianos se destine a comprar caro y arrendar barato.