EL VIEJO TRUCO
La Ley de Memoria Democrática, aprobada el 5 de octubre de 2022, concede la nacionalidad española a los hijos y nietos de exiliados que, por razones políticas, ideológicas o de identidad sexual, hayan perdido o renunciado a la nacionalidad. Aprobada la norma, el Ministerio de Justicia se tomó la libertad de conceder, a posteriori, la condición de exiliado a todos los españoles que salieron de España entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955.
Resulta increíble que a través de una decisión administrativa se permitan alterar de una forma tan sensible el censo electoral, con las consecuencias que tiene en la convivencia y la gobernabilidad del país. Lo primero que me llama la atención son las fechas que determinan la condición de exilado para los españoles que marcharon de la Patria. Entiendo que el 18 de julio de 1936 sea el inicio del exilio, pero el 31 de diciembre de 1955 está elegido al azar. Lo más relevante de ese año fue la entrada de España en la ONU, pero era la España franquista, así que no creo que haya inspirado a los burócratas del Ministerio de Justicia.
Desde que se sustituyó la biografía del potencial exiliado por la homologación de fechas, el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) aumentó en 2,7 millones. Estamos hablando de gente que, en la mayoría de los casos, no pisó España, tiene otra nacionalidad y paga impuestos en otro país que es dónde reside, trabaja y vota. En Asturias, desde la entrada en vigor de la Ley de Memoria Democrática, hasta agosto de este año, el censo exterior aumentó en 20.193 electores (493 al mes). En total ya hay 142.513 ciudadanos con derecho a voto en Asturias que residen fuera de España.
El Tribunal Supremo (TS) ha suspendido las inscripciones en el CERA de descendientes de hipotéticos exiliados. Para justificar esta medida cautelar el TS afirma que ve «un peligro fundado, real y serio de que este sistema pueda afectar gravemente a la objetividad y transparencia del proceso electoral». Es evidente que, en un censo de 38 millones, si se incluyen otros 2,7 millones, el resultado en las urnas puede variar. No es una especulación, Madrid capital ya tiene 423.000 electores en el extranjero, un 15% del censo. Hay que distinguir entre los extranjeros que residen en España y cumplen todas las condiciones para poder participar en procesos electorales, de compadres de lejanos países que se acogen a remotas vicisitudes de sus antepasados para decidir sobre la gobernabilidad de España. Inflar el censo es un truco muy viejo.