La Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) ha realizado un informe sobre el coste real de los principales servicios públicos (sanidad, educación) en el gasto de las comunidades autónomas, en el que muestra que es mayor de lo que aparece reflejado en la reforma del modelo de financiación autonómica. Según el Ministerio de Hacienda, la sanidad representa el 38% del gasto autonómico y la educación, el 20,5%. Fedea eleva los porcentajes hasta el 48,3% en sanidad y el 28,1% en educación. Fedea, sin embargo, reduce el coste del gasto de los servicios generales vinculados al tamaño de la población, que pasarían del 30% al 15,1%.

La valoración del coste de prestar servicios sanitarios o educativos es el centro del debate sobre financiación. Una comunidad muy extensa (Castilla y León) tratará de imponer que es muy costoso llevar la sanidad o la educación a los límites de su territorio. Otra muy envejecida (Asturias) argumentará que la tercera edad eleva el coste sanitario y una última, muy poblada (Cataluña, Madrid), hará ver que la atención a tantos usuarios es costosísima.

Las quince comunidades del régimen común tienen intereses contrarios. Asturias está alineada con las regiones de la España vacía (Galicia, Cantabria, Castilla y León, La Rioja, Aragón, Extremadura, Castilla-La Mancha), y dentro de ellas le interesa destacar más la orografía, mientras que, por ejemplo, Castilla y León exigirá ponderar más la extensión del territorio. Es muy difícil llegar a un consenso. El modelo actual se aprobó (2009) sin que hubiese un consenso real en la valoración del coste de los servicios; un obstáculo que el Gobierno de Zapatero allanó poniendo 11.000 millones de euros más sobre la mesa.

En la reforma del modelo de financiación autonómica, que se aprobó hace unos días en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (solamente Cataluña y Canarias respaldaron al Gobierno, haciendo muy difícil la aprobación en el Congreso de los Diputados), el Ministerio de Hacienda utilizó como principal arma la aportación de más de 21.000 millones al sistema de financiación por el método de transferir a las regiones un mayor porcentaje del IRPF (55%) y del IVA (56,5%). Los distintos territorios se enriquecen a costa de debilitar al Estado. Adentrarse por esa vía perjudica a todos. Antes de presentar otro modelo de financiación sería bueno que el Gobierno (el actual u otro venidero) discutiera con los ejecutivos autonómicos los pilares del modelo, entre los que está el coste de los servicios.