La tramitación del proyecto de ley de Salud Mental llega a su fin con un previsible apoyo mayoritario en la Junta General del Principado. Es agradable contemplar que la polarización política, presente en todos los asuntos que se tratan en el Parlamento, no afecte a cuestiones que nos unen a todos, como son las iniciativas para mejorar la atención a la salud mental.

Recuerdo que, a principios del pasado año, la Consejería de Salud del Principado se reunió con muchas entidades (39) vinculadas al bienestar emocional para, entre todos, respaldar un decálogo de medidas y objetivos que permitió al Principado presentarlo como Pacto por la Salud Mental. Primero se pacta y, luego, en la Cámara legislativa se aprueba el articulado. El tema es muy importante y el Principado consideró oportuno darle empaque; para ello nada mejor que un pacto entre muchas de las personas y entidades que trabajan sobre la salud mental. Me quedó en la mente un recuerdo borroso de la foto que sellaba el pacto: multitud de personas de pie, entre ellos gente destacada y competente en la materia, acompañada de ese abigarrado grupo de asturianos con cargos institucionales que se cuelan en todas las fotos, sean de carácter deportivo, sanitario o micológico.

No dudo de la rectitud y competencia de los impulsores del proyecto, pero no creo que la mejora de la salud mental dependa de una ley ni que sirva para algo forjar amplios consensos multisectoriales (más de cien organizaciones) donde se incluyen un grupo relevante de personas o entidades que tienen una relación periférica, o nula, con la salud mental. De las declaraciones realizadas por profesionales destacados (psiquiatras, psicólogos clínicos) se deduce que el beneficio de la ley depende de la implementación de recursos. Es una constante. Al final, los servicios de atención al ciudadano (enfermo, estudiante, dependiente) mejoran en la medida que crecen los recursos humanos. En este caso hay que recordar la contratación extraordinaria que ya realizó el Principado de psiquiatras y psicólogos, junto a otros trabajadores del sector.

De las reflexiones de unos y otros destaca una controversia que no es nueva: los profesionales reclaman atención para las personas con patologías psiquiátricas, mientras la sociedad se muestra muy sensible con problemas mentales difusos de carácter cotidiano; con estados de ánimo: tristeza, irritación, sensación de incomodidad. No creo que ni la ley ni el decálogo hayan solucionado esta dicotomía.