Una de las aristas en el debate sobre la vivienda es la propiedad. La idea más extendida, estos últimos años, cuando empezó a escasear la oferta de pisos y, en consecuencia, los precios de venta y alquiler crecieron hasta llegar a batir todos los récords, es que en España gran parte de los inmuebles que se arriendan son propiedad de los fondos buitre. El solo enunciado, fondo buitre, provoca espanto. Si se dijera que son fondos de inversión, más de la mitad del terror desaparecería. Así como hay fondos conservadores, que dan bajos rendimientos, los fondos de capital riego aspiran a tener un mayor beneficio. En España, empezaron a tener relevancia con la crisis de las ‘subprime’ (2008), cuando afloraron muchos activos procedentes del pinchazo de la burbuja inmobiliaria. La Sareb, vehículo creado por el Gobierno para aligerar el pasivo de los bancos, tuvo intensas relaciones con los grandes fondos de inversión internacionales para que compraran los inmuebles devaluados. Esos grandes fondos portan la etiqueta de ‘buitre’ en el actual debate político y social.

España, país donde todo el mundo aspira a ser propietario de un piso, los fondos buitre apenas tienen papel. En los países europeos, o en Norteamérica, la mayor parte de la gente vive en inmuebles arrendados, teniendo los fondos de inversión un mercado mucho más amplio. Como sucede en todos los lugares donde el mercado es muy reducido (España), al personal le resulta más difícil acceder a los inmuebles y, en consecuencia, paga una renta más alta. La principal razón de la escasa movilidad de la mano de obra en España estriba en que un desempleado no puede ir a trabajar a una provincia distinta de la suya por el difícil acceso a la vivienda. Actualmente, esa situación es un drama, pero hace veinte o treinta años también ocurría, aunque de una forma más amortiguada.

En Asturias, el 95,7% de los pisos, sus dueños, son personas como usted o como yo. Sólo el 4,3% están en manos de sociedades. En España es el 8% el porcentaje de inmuebles que son propiedad de sociedades. Los porcentajes son ridículos, como para pensar que son los causantes del drama del imposible acceso a la vivienda. Como desde la política se puede construir una realidad paralela, el problema de los desahucios, con casos singulares lacerantes, va a servir para aprobar una normativa de urgencia, que, en vez de ahondar en la verdadera causa del problema de la vivienda –la raquítica oferta de pisos–, va a dirigir el tiro a los fondos buitre que da votos. Serán carroñeros.