Sabiéndose derrotado, Pedro Sánchez lanzó una enigmática amenaza a los grupos de derecha (PP, Vox, Junts) desde la tribuna del Congreso de los Diputados: «la historia les juzgará antes de lo que creen y con más contundencia».

Acababa el debate, todo el esfuerzo realizado para aprobar los dos decretos ley había sido baldío. La izquierda social había despertado y se movilizaba en la calle, los socios de la investidura recuperaron su roll de marionetas del Gobierno, desdiciendo sus exigencias de la víspera (Ione Belarra aclaró que Podemos es una «herramienta» en manos del sindicato de inquilinas). Faltaba que Junts, a la espera de quedar amnistiado Puigdemont, se sumara al bloque del progreso. No fue así. Quizás pudo más el temor a quedar engullidos por Silvia Orriols (Aliança Catalana) que a enfrentarse al Gobierno, el caso es que Junts optó por tumbar los decretos.

La derrota tiene el valor parlamentario de una fallida cuestión de confianza. Entonces Sánchez lanzó su enigmática amenaza que me permito traducir como el aviso de una inminente convocatoria electoral.

Desde el inicio de la legislatura, agosto de 2023, nunca se dio un escenario tan favorable para Pedro Sánchez. Primer dato positivo para el presidente: la izquierda está muy movilizada. Sabíamos que la derecha lleva tres años activa, manifestándose, protestando, ansiosa por una victoria que anuncian todos los sondeos, menos el que dirige José Félix Tezanos (PSOE). La sorpresa fue ver a la izquierda decidida ocupando la calle, como en los tiempos en que estaba al frente de la nave Alfredo Pérez Rubalcaba.

En Asturias tuvimos un anticipo con la movilización en defensa de Rubén Rosón y Jorge Fernández, víctimas de una agresión ultra. Ni los propios activistas pudieron imaginar que iban a congregar en Oviedo a miles de personas en su entorno. Doce días después llegó el desahucio de Maricarmen y la movilización a escala nacional es una de las dos mayores de la legislatura.

¿Cómo se explica una respuesta tan amplia tras los casos de corrupción que afectan a la cúpula del PSOE y a la familia del líder? ¿No estaba la izquierda debajo de las piedras con el escándalo de la invasión de Ceuta? ¿Pueden tener ganas de manifestarse tras ver el tamaño y los destellos de las joyas de Zapatero?

Por extraño que parezca, es compatible la movilización con escándalos, errores y maldades. La clave está en la polarización, una operación que anunció Sánchez en su primer discurso del debate de investidura del 15 de noviembre de 2023. Entonces habló de alzar un muro para separar izquierda y derecha. Feijóo lo observaba atónito. La polarización se ha impuesto y la derecha y la izquierda irán a las próximas elecciones muy movilizadas. Sospecho que se establecerán nuevos récords de participación. Nadie se quedará en casa.

Hay más razones que aconsejan disolver Las Cortes a Sánchez. El voto a su izquierda (Movimiento Sumar, IU, Comuns, Compromís, etc.) se está evaporando. Esta tendencia se agudizará cuando se acerque la cita electoral. En la derecha no se va a producir el reagrupamiento del voto útil. La invasión de Ceuta reforzó a Vox. El PP será, sin duda, el más votado, pero Vox no tendrá, precisamente, una participación marginal.

La movilización de la izquierda impondrá la crisis de la vivienda como tema principal de la discusión electoral. Sánchez no hizo nada en ocho años para resolver el déficit de la vivienda (salvo prometer 180.000) pero es un tema muy sensible a la demagogia, que permite al Gobierno pescar en río revuelto.

El presidente tiene dos caminos. Seguir con el objetivo de acabar la legislatura, con una agenda llena de acontecimientos incómodos que degradarán aún más la imagen del Gobierno o aprovechar esta ola de protesta social liderada por la izquierda para implantar un discurso ideológico y llegar a las urnas en las condiciones menos desfavorables de los últimos tres años.

Alargando o abreviando la legislatura, el favorito en las urnas es el centro-derecha, eso dicen todas las encuestas, pero el movimiento de protesta abre para Sánchez la ventana de la oportunidad.

Tratándose de elecciones, conviene recordar el engorroso asunto del censo electoral de los nacionales residentes-ausentes que viven en el extranjero. En 2023, estaban inscritos 2,3 millones de ciudadanos y en la actualidad ya superan los 2,7 millones. En tres años creció ese censo en 408.000 personas. En Asturias los residentes-ausentes son ya 142.710. Uno de cada siete electores.

Espero que desde Buenos Aires, Asunción o Santiago de Chile no decidan quién gobernará en España.