Aunque la atención mediática se centre en la vivienda, en la juez Beatriz Biedma o en la Ceuta colonizada por una turba de indocumentados, lo que resulta urgente e importante, las dos cosas a la vez, es aclarar la verdad o la mentira del censo electoral antes de que nos pongan ante hechos consumados.

Nunca hubo dudas sobre las anotaciones del censo donde están registrados los 38.728.356 ciudadanos que tienen derecho a voto en España. Siempre creímos en su fidelidad. Todo el edificio electoral y el funcionamiento de la democracia depende de la veracidad del censo electoral.

El 5 de octubre de 2022 se aprobó la Ley de Memoria Democrática. La disposición adicional octava de esta norma permite obtener la nacionalidad española de origen a los hijos y nietos de las personas que se exiliaron por razones ideológicas, políticas, de creencia u orientación sexual. Veinte días después de aprobar la ley la directora general de Seguridad Jurídica y Fe Pública firmó una instrucción que amplía la condición de exiliado a todos los ciudadanos que abandonaron España entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955.

La ley no permitía una interpretación tan generosa de la norma, pero Sofía Puente, hermana del ministro de Transportes, Óscar Puente, consideró oportuno abrir la puerta a las nacionalizaciones. Así nació la controvertida ley de nietos que tuvo efectos inmediatos sobre el censo electoral. Si en 2008, por ejemplo, había 64.940 ciudadanos inscritos en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) que viven en el extranjero, en 2023, al año de estar en vigor la ley de nietos, había en Asturias 123.201 nuevos electores. Tres años más tarde, el pasado agosto, había ya más de 142.000 ‘nietos’ en el censo.

En Asturias hay 979.077 personas censadas, de las cuales, 143.588 tienen su residencia en el extranjero. De cada siete electores hay uno que es argentino, cubano, uruguayo, peruano, chileno, etc. Trabaja en su país, allí tiene su casa, paga los impuestos, formó una familia, se emociona escuchando el himno de su patria antes de que empiece el partido de fútbol y tiene como recuerdo de la emigración la foto pálida de una abuela de Tineo que no conoció, pero que le permite ser español por el trampantojo del exilio sin papeles. Si dentro de unos días recibe una amable carta del consulado, tal vez vaya por allí y rellene con equis la papeleta del Senado, con la convicción del que cubre a ciegas una quiniela, porque no conoce a los políticos ni sabe decir nada de Asturias, salvo el tópico de la lluvia y el verde que recitaba su padre por habérselo oído al abuelo. Atención: no constituyen una anécdota; esta vez son más que la población de Avilés, Mieres y Valdés juntos.

En Amieva, Cabrales, Cabranes, Peñamellera Alta, Peñamellera Baja, Ponga, San Martín de Oscos o Santa Eulalia de Oscos hay más electores inscritos en el extranjero con derecho a voto en Asturias que residentes en el municipio en edad de votar. En algunos concejos, como Pesoz, Aller o Ponga, los ciudadanos censados en el extranjero que pueden votar en Asturias representan más del 60% del censo.

En Oviedo creció un 20% el censo de ‘nietos’. En Gijón aumentó un 15% y en Avilés el 17%. Cada mes se producen 439 altas en el censo de residentes ausentes tras aprobarse la Ley de Memoria Democrática. Antes de la ley de nietos, había 118 altas al mes, de media.

Según la Abogacía del Estado hay 304.272 nuevas solicitudes pendientes de resolución. Otras 96.895 sólo esperan la inscripción en el Registro Civil. Y están 1,1 millones pendientes de tramitar.

El Tribunal Supremo (TS) decidió que quienes obtuvieron la nacionalidad por la Ley de Memoria Democrática y están inscritos en el Censo Electoral de Residentes Ausentes verán suspendidos los efectos electorales de la inscripción en el censo. La medida del TS es cautelar.

Una variación en el censo de este calibre es un escándalo. Ampliar el censo con millones de electores sin documentación contrastada es inaudito. Un argentino, sin demostrar ningún arraigo, solo porque un abuelo se exilió o, simplemente, decidió marchar de una España desvencijada para vivir mejor, no puede decidir quién debe gobernar en España. Esa decisión les toca a todos los afectados por las decisiones del Gobierno, los que financian con sus impuestos la sanidad, la educación y los servicios sociales, los que producen y consumen en España.

Meter por la puerta trasera a millones de nuevos electores a través de una decisión administrativa es un fraude. Merecemos unas elecciones limpias.