MONOPOLIO UNIVERSITARIO
PSOE e IU han presentado la Proposición de Ley del Sistema Universitario. Para entendernos, la Ley de Universidades. Han optado por la vía rápida de registrar la propuesta directamente en la Junta General del Principado, sorteando los periodos de consulta pública y los informes adjuntos a los textos impulsados por el Gobierno regional. Querían a toda costa que estuviera depositada la ley en las instituciones antes de la campaña electoral.
La propuesta solo existe porque hay tres centros universitarios privados. Antes, jamás hicieron mención los distintos gobiernos del Principado de aprobar ninguna ley que regulara el sistema universitario. Primero dieron luz verde a los centros adscritos a la Universidad Europea (Gijón), Universidad Alfonso X el Sabio (Oviedo) y Universidad Antonio Nebrija (Avilés), y luego hacen una ley para maniatarlos.
En la norma no hay ninguna obligación para la Universidad de Oviedo, sólo crean exigencias, controles y obstáculos para los centros privados. No se cortan ni lo más mínimo, proceden con todo el descaro. Puestos a establecer categorías, dicen que la Universidad de Oviedo es una «prioridad estratégica» a la que se debe «salvaguardar» del sector privado. En menos de veinte palabras dejan claro las premisas cavernícolas con las que pretenden legislar sobre la universidad.
Así que hay que defender a la Universidad de Oviedo del ataque de centros privados. ¿En qué mundo vive esta gente? ¿Desde cuándo hay que salvaguardar a una universidad pública de la forma de organizarse e impartir enseñanzas de centros privados? ¿Veremos a esos diputados algún día encabezar manifestaciones de protesta contra las universidades privadas? Detrás de esas premisas hay una mentalidad maniquea que está en las antípodas de un sistema liberal de convivencia como el que ampara nuestra Constitución.
Los centros privados deben disponer de «plazas de alojamiento para, al menos, el 10% de su alumnado». Está ahora el mercado de la vivienda como para ofertar 200 o 300 plazas residenciales. A la universidad pública no se le exige nada, todos sus alumnos duermen en casa. Para llenar el hueco, anexan una serie de generalidades sobre programas plurianuales de vivienda universitaria que impulsará la Universidad de Oviedo, «residencias, alojamiento asequible, movilidad, manutención e inclusión digital, con dotación presupuestaria específica que se determinará en las leyes de presupuestos del Principado de cada ejercicio». Ninguna obligación entre tanta cursilería.
Para hacer prácticas, los alumnos de la pública tendrán prioridad y exclusividad en el acceso a las plazas de los servicios públicos sanitarios. Los centros privados solo podrán hacer convenios con las plazas sobrantes, pagando su coste.
En la Ley de Universidades se establece una moratoria de 18 meses en la tramitación de nuevas licencias para universidades privadas. Cualquier solicitud quedará automáticamente congelada durante 18 meses. La propuesta parte de los adalides de la guerra a la burocracia. ¡Qué vergüenza!
La norma crea un servicio de inspección específico para los centros privados, con sanciones de hasta 600.000 euros. Los centros públicos no sufrirán esos rigores. Pretenden crear una Agencia Asturiana de Calidad, encargada de vigilar que las universidades privadas cumplan los estándares marcados en la ley. La Universidad de Oviedo ya cumple los estándares, por definición, sin necesidad de controles. Prohibir, sancionar, obligar. Esa es la clave.
Las enseñanzas que impartan las universidades privadas deben pasar un examen sobre su necesidad social, para que no oferten titulaciones saturadas. Imposible estar más saturados que algunos grados de la universidad pública, donde hay notas de corte por encima de 13. Igualmente, imposible estar más vacíos que otros grados de la Universidad de Oviedo, donde primero tenían el requisito de contar con 60 estudiantes de nuevo ingreso y la autoridad académica fue tolerante hasta con los que estaban por debajo de 30 o de 20.
Asturias es la última comunidad autónoma en tener universidades privadas. El Principado las recibe con manifiesta hostilidad; basta leer la norma. No me extraña de la izquierda radical porque necesita crear espantajos para luego luchar contra ellos.
Lo que me parece inadmisible es que el PSOE redacte una ley de universidades tan a la defensiva, tan corta de miras, con el único objetivo de cortar las alas a las universidades privadas para que no vuelen. Presumen de progresistas y actúan como carcamales. Detrás de las limitaciones, exigencias, sanciones e impedimentos late el interés por mantener el monopolio público en la enseñanza universitaria. El auténtico progreso.