RONDA DE PRESUPUESTOS
El Principado va a empezar la negociación del proyecto de presupuestos para 2027. El formato de la negociación es bien conocido porque lo aplicaron los distintos gobiernos socialistas: una primera ronda de contacto formal con todos los grupos políticos y, a partir de ahí, se negocia con los partidos a la izquierda del PSOE. Mientras Ciudadanos tuvo representación parlamentaria el Ejecutivo también lo integraba en la negociación, aunque sólo aprobó las cuentas de 2021 y 2022. Lo mismo ocurrió con Foro en su etapa neonacionalista felizmente abandonada.
Los presupuestos superarán con mucho los 7.000 millones de euros. El año pasado solo faltaron siete millones para llegar a esa cifra, así que, en esta ocasión, con récord de recaudación fiscal y faltando cinco meses para los comicios autonómicos, el Gobierno de coalición tirará la casa por la ventana. Nadie se puede escandalizar, esa es la estrategia de Pedro Sánchez: parejas con hijos tendrán pensión de viudedad con dos años de convivencia.
Guillermo Peláez, consejero de Hacienda, cuenta con poder aprovechar los últimos remanentes de los fondos extraordinarios del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. Por esa vía le llegaron a Asturias 1.498 millones, que permitieron al Principado desarrollar multitud de iniciativas, entre ellas ‘Les Escuelines’ (niños de cero a tres años), que se financiaron en un 60% con recursos de Bruselas. Los fondos estaban pensados para acelerar la transición ecológica y digital, así como promover la cohesión económica y social, pero se dedicaron a otros menesteres, por eso la productividad (esa palabra que nunca pronuncian los consejeros del Gobierno asturiano y los miembros de la Junta General del Principado) está estancada en España desde 2018.
Peláez afirmó que la economía asturiana va a seguir creciendo, pero de una forma más moderada que en los últimos ejercicios. El año pasado ya sólo creció el 1,9% y para este ejercicio se espera lo mismo. El consejero de Hacienda señaló como eje del proyecto presupuestario el refuerzo del Estado del Bienestar, en especial la vivienda. Este año había 183 millones para la vivienda, pero únicamente 60 para construir inmuebles.
Más allá de las formalidades, el Gobierno solo negociará las cuentas con IU y la diputada Tomé. Lo lógico sería que el Gobierno, como tal, presentara el proyecto, pero IU se desdobla y durante unos días juega el papel de grupo opositor antes de dar el visto bueno. La decisión depende de Tomé, que, al final, dará el «sí».