DESPUÉS DE LOS OCHENTA
La diputada Tomé, miembro del Grupo Mixto, planteó como exigencia para aprobar el presupuesto del Principado para el próximo año la declaración de zona tensionada a toda el área central asturiana. La exigencia llegó con plazo: 30 de noviembre. Entiendo que tal medida pueda ser una demanda en la fase de negociación de las cuentas, pero poner como condición inexcusable para aprobar el presupuesto la declaración de zona tensionada de una parte de la región es propio de grupos que saben muy poco de política y mucho de llamar la atención.
La Junta General del Principado está divida en dos mitades: la izquierda en el Gobierno (PSOE, IU- Convocatoria) cuenta con el respaldo de veintidós escaños y la derecha opositora (PP, Vox, Foro) de otros tantos. En la Cámara, Tomé está en una posición de privilegio, ni con unos ni con otros, aunque por adscripción ideológica se ubica en la izquierda. Las tres derechas rechazan el proyecto de presupuestos, así que el voto de Tomé es decisivo para aprobar las cuentas. Desde Somos (grupo liderado por Tomé) habrán considerado que podían lanzar un órdago al Principado aprovechando la extrema sensibilidad política que hay en el periodo electoral.
Tomé y su equipo ha elegido un tema (extender la zona tensionada) que no tiene calado social. Lo digo desde la experiencia de vivir en uno de los primeros barrios calificados de ‘tensionados’ entre la indiferencia de la población. Tenían que haber pensado en otros asuntos que llegan más hondo a los ciudadanos. La vivienda es un gran tema, pero por las zonas tensionadas no se moviliza nadie. Ovidio Zapico (IU), consejero de Ordenación del Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos, rechazó la demanda de Tomé afirmando que «la petición no se ajusta a los límites que se marca en la futura Ley de Vivienda». Es un caso curioso de valerse de una norma que todavía no está vigente. No aporta un argumento, sino que convierte el proyecto en ley para tapar la boca a la diputada discrepante.
No creo que llegue la sangre al río. Supongo que Tomé, y su entorno, considerarán muy arriesgado tumbar unos presupuestos por las dimensiones de la zona tensionada. Sería un disparate, con el agravante de que en mayo de 2027 hay elecciones autonómicas. Ir a la campaña electoral con un presupuesto prorrogado por no haber aprobado una medida burocrática que en el mejor de los casos podría bajar levemente el precio de algunas viviendas a cambio de dejar a la mayoría de los demandantes sin casa por falta de oferta es un disparate.