LOS BOLSILLOS DE LOS CIUDADANOS
Buenas noticias sobre el peaje del Huerna. Los servicios jurídicos de la Comisión Europea han comunicado a la Xunta de Galicia que Bruselas elevará, a corto plazo, el expediente de la prolongación de los peajes en la Autopista Ferrol-Tui (AP-9) y en la Autopista Campomanes-León (AP-66) al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).
El 17 de julio de 2025 cambió cualitativamente la situación del peaje del Huerna. La Comisión Europea dictaminó que las prórrogas de los peajes (en la AP-9 hasta 2048 y en la AP-66 hasta 2050) concedidas por el Gobierno de Aznar vulneraban la legislación comunitaria. La concesión otorgada a la empresa Aucalsa era nula de pleno derecho al no haber mediado un procedimiento de concurrencia o concurso público. Por lo tanto, lo que correspondía era licitar un nuevo contrato para que otras empresas pudieran concursar.
Llegados a este punto hay dos asuntos que ponderar. Uno es el tiempo. Lo que entienden los juristas de la Comisión Europea por «corto plazo». La batalla política y social sobre el peaje del Huerna se da entre el Principado, y aliados, contra el Gobierno que despliega una defensa numantina de la tasa, que es tanto como decir una defensa de los intereses de Aucalsa. El Gobierno quiere que asturianos y leoneses sigamos veinticuatro años asumiendo el peaje para no verse envuelto en el pago de amortizaciones a la empresa. Es un cálculo político y electoral: no merece la pena aflojar tanta pasta para captar un electorado reducido. Eso mismo ocurrió con el vial de Jove: el Ministerio de Transportes decidió que no le compensaba gastar 285 millones en la zona oeste de Gijón. Si tras las elecciones del próximo 29 de noviembre se forma un gobierno de distinto signo político es posible que acepte el dictamen de la Comisión Europea y se acabe el litigio. Pero es sólo una posibilidad contra dos: se revalida la actual mayoría parlamentaria o hay cambio de gobierno, pero el peaje del Huerna sigue siendo muy caro para los nuevos gestores.
La otra cuestión es lo que ocurriría con una sentencia del TSJU favorable a la nulidad del peaje. No es lo mismo anular un peaje que rescatarlo. El Gobierno, teóricamente, podría sacarlo a licitación por un tiempo determinado, aunque es cierto que la bronca política y social sería de campeonato. Entre tantas cábalas, Santano, número dos de Puente hasta el martes, lo tiene claro: «Eliminar el peaje tendría un coste milmillonario y saldría de los bolsillos de los ciudadanos». Esos bolsillos también pagan el peaje.