Ayer hubo una sesión parlamentaria muy desagradable en la Junta General del Principado, con intervenciones desafortunadas. El motivo de la disputa se dio en otras cámaras legislativas, pero tuvieron más sentido institucional para solucionar el problema. La cuestión a discutir fue el proyecto de Ley de Vivienda que está a punto de convertirse en ley. Como tantas otras normas impulsadas por el Gobierno de Barbón, la elaboración del anteproyecto y su posterior conversión en proyecto fueron muy lentas. El 29 de julio de 2025 ya se había aprobado el anteproyecto, pero tardaron quince meses hasta estar en condiciones de aprobar la ley. El Consejo de Gobierno aprobó el proyecto el 17 de diciembre de 2025. Siete meses más tarde, la diputada Tomé discrepó y empezó una negociación con el Gobierno que obligó a parar la tramitación.

De pronto, Pedro Sánchez convocó elecciones. En ese momento la mayoría parlamentaria asturiana consideró muy apropiado aprobar la Ley de Vivienda el día que empieza la campaña electoral. No hace falta aclarar que la ley autonómica no guarda relación con las elecciones generales, pero siempre ayuda a captar votos un triunfo de la izquierda con una norma tan ideológica que solo permite al Principado implicarse en la construcción de viviendas para el alquiler. Sin hacer un sucinto relato de los antecedentes no se entiende el lío que vino luego.

Los grupos de derecha decidieron impedir al Gobierno disfrutar de la feliz coincidencia entre la aprobación de la ley y el arranque de la campaña. El método no fue otro que alargar las discusiones sobre las enmiendas. Hace décadas y décadas lo hacía en Italia el Partido Comunista al Gobierno de la Democracia Cristiana (discursos interminables, multitud de enmiendas, llamadas a cuestiones de orden). A la práctica de esas maniobras se le llama filibusterismo. Mientras no infrinja el reglamento es legal.

Los diputados del PP y Foro (solo uno, Pumares) empezaron a no asistir a la ponencia de la Ley de Vivienda con disculpas de todo tipo. En estas estábamos cuando Ovidio Zapico se rasgó las vestiduras y dijo que las derechas «llevaban secuestrada la voluntad democrática de la Junta General del Principado», «subvierten con su vagancia la voluntad popular». Calificó de «golpe institucional» el proceder de la derecha. Y terminó diciendo que no volvería al Parlamento («suspendo indefinidamente el control de esta junta»). Zapico hace lo que condena. Un ejemplo más de la degradación de nuestras instituciones.