Los letrados de la Junta General del Principado han emitido el dictamen solicitado por Juan Cofiño, presidente de la Cámara, sobre las medidas que se deberían tomar con los diputados que no acudieron, reiteradamente, a la ponencia de la Ley de Vivienda. En el dictamen se recoge la obligación de los diputados de asistir a los órganos institucionales de los que forman parte. Es un deber similar al que tiene cualquier empleado por cuanta ajena con su empresa. Se cita el caso de un diputado del Parlamento Vasco que sufrió una sanción económica por reiteradas ausencias. Una vez expuesta la teoría y el ejemplo que la vivifica, llegaron las consideraciones que relativizan las sanciones y hasta la mera posibilidad de tomar medidas coercitivas ante la falta de previsión en el reglamento de la Cámara para regular la falta de quórum en las ponencias.
Los letrados recuerdan que en la Junta General del Principado nunca se castigó el absentismo, así que antes de cambiar de pauta, mejor hacer un requerimiento formal para que corrijan su actitud. Aquí entramos ya en propuestas convencionales que se basan más en el sentido común que en la complejidad de los vericuetos jurídicos. Los letrados hicieron un recorrido por las ausencias. La ponencia se constituyó el 5 de mayo. Vox sólo acudió a la primera reunión de la ponencia (15 de mayo de 2026), los diputados del PP faltaron a las tres últimas (5, 9 y 10 de noviembre) y, atención, Xabel Vegas, portavoz de IU-Convocatoria, acudió a la ponencia por primera vez hace nueve días. Y todavía se atreve Ovidio Zapico a zaherir a los diputados de derechas y declararse en rebeldía ante el Parlamento cuando su portavoz estuvo ajeno a la ponencia hasta la pasada semana.
Si se sigue los consejos del dictamen (prefiero hablar de consejos en vez de argumentos), Cofiño deberá hacer una reunión informal con los abstencionistas, y si reinciden mandar un requerimiento a todos los diputados. Se intuye que los letrados prefieren que sean los diputados los que se autorregulen. Por lógica, penalizar a Vox conllevaría castigar a Xabel Vegas, así que todo quedará en nada. En caso de dejar sólo a Vegas libre de castigo, el escándalo en el Parlamento sería inenarrable. Falta, aún, el dictamen solicitado por Álvaro Queipo, líder del PP, para