El fuerte ajuste del gasto propuesto por Zapatero se extiende a las comunidades autónomas, creando problemas en el interior de sus gobiernos. Por ejemplo, el presidente Revilla amenaza con romper el pacto con los socialistas, en Cantabria, si se retrasa la construcción del AVE. En el caso asturiano, las tensiones no se derivan de los aplazamientos en la ejecución de las infraestructuras sino de los recortes que tendrá que aplicar el Principado para contribuir a la reducción del déficit público. El coordinador general de IU, Jesús Iglesias, y la consejera de Bienestar Social, Noemí Martín, aseguran que no tiene sentido mantenerse dentro del Gobierno de coalición sino se hace una política de izquierdas contra la crisis económica. Los dirigentes de IU identifican política de izquierdas con el desarrollo de medidas sociales y con dar cobertura a los necesitados.

Un plan de austeridad es fuente de conflictos, en especial con los representantes de aquellos sectores que se encuentran perjudicados. El choque con los funcionarios o los pensionistas será muy difícil de evitar. Un discurso de carácter general, que atiende los intereses nacionales, no desactiva las protestas de colectivos concretos. Si un empleado público lleva trabajando treinta años y por primera vez en su vida le rebajan un cinco por ciento su salario es más que probable que salga a la calle a protestar. Consideración distinta merece el proceder de los partidos políticos, porque responden a intereses más amplios que los de un colectivo laboral concreto. Mucho más pertinente resulta esta puntualización cuando se trata de partidos que están en el Gobierno.

Desde que volvió al Gobierno regional, IU concentra su energía política en blindar los recursos que se dedican a Bienestar Social, Dependencia y Medio Rural. El resto de consejerías le traen al pairo. Es tan de izquierdas dedicar recursos a la Educación o la Sanidad, como a los departamentos de IU. Ahora bien, si se va más allá de los meros nominalismos, la verdadera política de progreso es aquella que salva al Estado de la quiebra. Si España siguiese el camino de Grecia, quedaría arruinada toda la política social (Sanidad, Educación, Servicios Sociales, Universidad, Vivienda) y la posibilidad de construir infraestructuras. Para evitar ese desastre bienvenida sea una política de ahorro.