Los sindicatos de los funcionarios preparan una huelga para el ocho de junio y no está descartado que más tarde haya una convocatoria de paro general en todo el país. La ciudadanía se encuentra defraudada con el plan de ajuste de Zapatero, lo que da alas al PP en los sondeos sobre perspectivas de voto (las grandes diferencias electorales no se fraguan sobre el carisma del ganador sino por el afán de castigo al perdedor). Mientras tanto, el euro sigue su curso declinante, pese a los planes de ajuste fiscal de los países que tienen una situación más comprometida.

Es difícil encontrar otra situación en que los problemas de la coyuntura sean tan ininteligibles para el ciudadano medio. La zona euro está enferma, porque carece de reglas para tratar situaciones de crisis financieras y fiscales, y los enfermos persiguen a los médicos, indignados por las medicinas que les recetan. Si Zapatero hiciera una política radicalmente distinta: expansión del gasto, mantenimiento del poder adquisitivo de funcionarios y pensionistas, cheques bebé y plan de inversión en infraestructuras, la gente la apoyaría, y unos meses más tarde los funcionarios saldrían a la huelga contra los recortes del FMI o contra las imposiciones europeas. Las familias sufren el azote del desempleo, como en otras épocas vivieron los problemas de una inflación desbocada, pero el déficit público, la deuda soberana y la prima de riesgo le resultan pura entelequia.

Pese a la percepción general, estamos en las jornadas más duras desde las vividas en el otoño de 2008, cuando quebró Lehman Brothers. Al problema de la crisis financiera, le ha sucedido la crisis fiscal. Ahora toca rescatar aquellos 13.000 millones que dio Zapatero a los ayuntamientos para que hicieran cuantas inversiones les vinieran en gana, y reponerse de los 11.000 dados a las comunidades autónomas, y pagar por intereses de deuda y subvenciones al desempleo cerca de 70.000 millones. Mientras la eurozona no tenga un gobierno compartido, los ajustes fiscales serán largos y sin anestesia. Es muy complicado pedirle a los ciudadanos que acepten voluntariamente empobrecerse para sanear las cuentas del país. Ningún grupo de la oposición apoya esa política aunque todos la llevarían a cabo si gobernasen. Si a escala central es difícil hacer el ajuste, en las comunidades autónomas será casi imposible.