El plan del Gobierno central de recortar 15.000 millones de euros, entre los ejercicios de 2010 y 2011, obliga a todas las administraciones a rehacer sus cuentas. Zapatero ha asumido la responsabilidad de renunciar a 13.800 millones, mientras que las comunidades autónomas deberán recortar 1.000 millones y los ayuntamientos tendrán que ahorrar otros 200.
Con este ajuste ocurre lo mismo que con las subidas de impuestos: el Gobierno central da la cara y las regiones recogen los beneficios. Me explico. Las medida estrella del ajuste es la rebaja del sueldo a los funcionarios. La bajada en las nóminas da oxígeno a los gobiernos autonómicos que en su día firmaron acuerdos salariales excesivamente generosos con algunos grupos de funcionarios (enseñantes, sanitarios). Ahora con la disminución del 5% en las nóminas públicas, la tesorería autonómica obtiene un respiro, mientras que todas las iras de los empleados se centran en Zapatero. Para comprobarlo basta leer los lemas que portan los manifestantes en las pancartas. Repito: un chollo para todas las comunidades autónomas, aunque ningún portavoz lo haya reconocido.
Hecha esta aclaración, estudiemos el recorte que tienen que hacer los gobiernos regionales por su cuenta. El Principado deberá hacer un ajuste de 50 millones de euros que se suman a los 149 millones derivados del primer recorte fiscal decidido en el pasado mes de febrero. En números redondos, 200 millones. Como hasta ahora sólo se habían barajado algunas ideas vagas (como la reordenación de las sociedades de titularidad pública o la actualización de tasas o precios públicos), vamos a sugerir algunas propuestas que son de sentido común.
Sueldos
El Gobierno central ha optado por la vía ejemplarizante, anunciando a bombo y platillo lo que dejarán de percibir el presidente y los ministros, así como los altos cargos y asesores de los que prescinden. Ovidio Sánchez ha retomado ese discurso, pidiendo una rebaja del 15% en los emolumentos del Gobierno y de los diputados. La izquierda, a remolque de la propuesta, aceptó la rebaja. Vamos a ver en qué queda la medida.
Los altos cargos de la Administración asturiana están asimilados a los de la Administración central. El Presidente y los consejeros del Principado encuentran su equivalencia en los subsecretarios de Estado; los directores generales y secretarios técnicos guardan correspondencia económica con el puesto de director general del Estado. Más claro: la rebaja de Zapatero ya afectaba a todos ellos, así que la propuesta de Ovidio Sánchez no sirve para ahorrar ni un euro.
Cosa distinta son los diputados, donde el 15% de Ovidio Sánchez puede aportar un sensible recorte. Digo que «puede», porque depende de cómo se aplique, ya que las nóminas de los diputados autonómicos son muy elásticas. Si el recorte del 15% se hace sólo sobre el sueldo base, el ahorro es muy pequeño. Otra cosa es si el 15% se aplica sobre los complementos y las dietas. A juzgar por la inquietud que reina en los pasillos de la Cámara me inclino por la primera hipótesis. Ahora bien, si estamos en un momento excepcional, lo mínimo que habría que hacer es revisar el kilometraje de los diputados que no viven en Oviedo y que se les abona los 365 días del año. No es de recibo que un buen grupo de diputados ganen, a base de dietas y complementos, bastante más dinero que los miembros del Gobierno regional, porque unos, con mayor o menor acierto, gestionan los intereses de la región, mientras que los otros se dedican a apretar botones y solicitar, cada dos meses, que comparezcan en la Cámara los gerentes de las sociedades públicas. Seguro que la Sindicatura de Cuentas no estudia estas disfunciones, pero pensando en el recorte y supresión de organismos, el cierre de la Sindicatura también sería toda una contribución al ajuste fiscal. A propósito, y aunque resulte cómico, hay un punto en el que se parecen la Sindicatura de Cuentas y la Consejería de Bienestar Social: las dos solicitan más empleados para sacar adelante su tarea.
Altos cargos
Vamos con los altos cargos. El ministro José Blanco pretende reducir el gasto corriente en un 40%, en tres años, y ya ha prescindido de 45 altos cargos. En el Principado, cuando se procedió a la larga y opaca negociación para formar el Gobierno de coalición, los portavoces de IU hicieron de la reducción de altos cargos un asunto fundamental. Llegaron a pedir que para entrar en el Gobierno había que reducir en un 40% su número.
Una vez que IU llegó al Ejecutivo cambió la demanda de reducción por la política de expansión. La Cooperación al Desarrollo, que era un servicio, se convirtió en una dirección general. En el Banco de Tierras se creó otra dirección general y en el Serida se hizo un nombramiento de alta dirección. Para evitar las críticas de la oposición, las consejerías socialistas trataron de compensar los nuevos cargos de IU reduciendo cinco direcciones generales, la Oficina de Actividades Festivas y la Viceconsejería de Modernización.
Liberados
Queda un asunto muy problemático, que dejo esbozado, y tiene que ver también con el recorte de gasto. En la Administración autonómica hay un grupo numeroso de liberados sindicales, cuya cifra nunca se ha dicho en público. Realizan una función de defensa de los intereses de los trabajadores que está recogida en el ordenamiento jurídico. Nada que objetar. Ahora bien, en una situación de emergencia económica habría que revisar situaciones como la creada en el Sespa, donde el coste económico de las liberaciones no anda lejos de todo lo que supone el pago de toda la estructura directiva de dicho organismo.
Como se puede ver no hay que tirar de manual de Macroeconomía para empezar a equilibrar las cuentas.