El Gobierno ha aplazado hasta enero de 2011 la prohibición a los ayuntamientos de pedir crédito. Elena Salgado ha justificado la sorprendente rectificación argumentando que lo anunciado el día anterior había sido un error. Hace tres meses, la vicepresidenta mandó un documento a Bruselas planteando cambios en el sistema de pensiones, y cuando se hizo público el documento restó importancia al mismo diciendo que era una mero supuesto teórico, sin valor político. No cabe duda que la propuesta del Gobierno, realizada sin previo aviso, tuvo que producir un gran revuelo entre los alcaldes que tenían operaciones crediticias comprometidas para financiar inversiones o para pagar las facturas del gasto corriente. Esta última posibilidad no está recogida en la ley, pero ya me dirán quién es capaz de supervisar la gestión de 8.111 ayuntamientos.

La rectificación del Gobierno produjo distintas reacciones en Asturias. Muchos ediles, como el concejal de Hacienda de Gijón, Santiago Martínez, apoyan el aplazamiento y piden que se valore la situación concreta de cada ayuntamiento a la hora de dar luz verde a sus solicitudes de petición de crédito. No es posible hacer una norma general pensando en miles de casos distintos. Deben ser los alcaldes los que se adapten a la norma del Gobierno, y para ello, tendrán que cambiar el modelo de gestión y desentenderse de algunas actividades que realizan ahora. Gabino de Lorenzo asegura que el Gobierno incumple sus promesas y lleva a la quiebra a los ayuntamientos. En el caso del consistorio carbayón puede que sea más dañino el socavón económico del Villa Magdalena que la prohibición de trabajar con créditos.

Del déficit público del Estado sólo medio punto es imputable a la gestión municipal. El problema es que en los dos últimos años, al detenerse la actividad en la construcción, los alcaldes compensaron la pérdida de ingresos recurriendo a la deuda. En la actualidad deben a los bancos 34.000 millones, a los que hay que añadir otros 8.000 millones provenientes de las empresas y sociedades municipales. La medida del Gobierno está en la línea del plan de austeridad, presentado en el Parlamento el 11 de mayo. Pensando en los intereses generales de España y en los compromisos asumidos con los estados de la eurozona, es un paso correcto, pero no se puede tomar sin negociar y explicar.