El recorte del cinco por ciento en las nóminas de los funcionarios no va a ser fácil de aplicar por parte del Principado. La complejidad del Estado de las Autonomías pone serios obstáculos a la ejecución de las decisiones del Gobierno central. Hay complementos en la nómina que dependen de cada comunidad autónoma, de modo que cualquier alteración debe ser aprobada por los parlamentos regionales, y los socialistas asturianos no disponen de mayoría en la Junta General del Principado. El PP e IU están en contra del plan de austeridad de Zapatero, así que no perderán la oportunidad de votar en contra de cualquier disminución en el sueldo de los empleados públicos. Un rechazo muy rentable, en términos electorales, ya que más de 35.000 funcionarios lo sabrán agradecer. La única rebaja que se puede aplicar en Asturias, sin problema, es la relativa al sueldo base y a la antigüedad de cada empleado, sobre las que tiene competencia exclusiva el Estado. De no encontrarse un camino alternativo, la rebaja del sueldo del funcionariado quedaría en Asturias reducida a un 2% del total de la nómina.

El recorte del sueldo decidido por el Gobierno central beneficia a las comunidades autónomas porque ahorran dinero en una época marcada por las dificultades económicas. El coste político corre a cargo de Zapatero y los gobiernos regionales disponen de un dinero extra con el que no contaban cuando aprobaron sus presupuestos. Ahora bien, para los partidos lo que resulta más relevante de cualquier medida económica es su impacto político, quedando en un segundo lugar las consecuencias puramente económicas. Por ello, no me extrañaría que las comunidades autónomas gobernadas por otros partidos, distintos al PSOE, se negaran a la rebaja del cinco por ciento.

Gobernar un Estado tan descentralizado y tan poco coordinado como el nuestro conlleva enormes dificultades, de modo que medidas de carácter general, como la rebaja del sueldo a los funcionarios o la prohibición de pedir créditos a los ayuntamientos, choca con la voluntad de otras administraciones y de territorios concretos, quedando desdibujado el interés general de España. Para rebajar el déficit público hace falta aunar voluntades y cambiar leyes. Me temo que la Comisión Europea, el Ecofin o el FMI no van a ser comprensivos con nuestra particular Torre de Babel.