Jaime Rabanal considera que están abiertas todas las posibilidades en lo tocante a incrementar la carga tributaria sobre las rentas altas. El consejero de Economía asegura que el problema del déficit público se debe en gran parte a la caída de ingresos, así que el equilibrio de las cuentas es difícil de lograr por la vía exclusiva del recorte de gastos. Para aumentar los ingresos, la Generalitat acaba de tomar una medida histórica: endurecer el tramo autonómico en el IRPF para las rentas más altas, pasando del 21,5% de gravamen al 25%, con lo que en Cataluña pagarán tres puntos y medio porcentuales más que en el resto de España los individuos que ganen 100.000 euros anuales. Se trata de una medida un tanto testimonial porque retribuciones por encima de los 100.000 euros sólo las tienen el 1% de los contribuyentes. No obstante, es la primera vez que una comunidad autónoma decide subir la parte del IRPF que está bajo su competencia, que supone el 50% de la recaudación de dicho impuesto.

El Gobierno central acaba de poner un tope a los próximos Presupuestos Generales del Estado, reduciendo en un 7,7% la cuantía total del gasto. El ajuste en los ministerios alcanzará el 15%. Fruto del enfriamiento de la actividad económica, al retirar los estímulos fiscales y mantenerse las restricciones en la concesión de crédito, el propio Gobierno reconoce que aumentará el paro. El crecimiento del desempleo es un drama con rostro, pero además es un dato macroeconómico de gran importancia: baja la capacidad de consumo y disminuye la recaudación fiscal. Ante este panorama la tentación de gravar las rentas más altas es difícil de contener. Hay una parte de esa política fiscal que responde a razones ideológicas y electorales: gravar a los ricos. Poner un alto gravamen a las rentas de las elites económicas del país está muy bien visto por la infantería social.

No obstante, para ser ecuánimes, reconozcamos que las subidas de impuestos están planteadas en toda la Unión Europea. A la fuerza ahorcan. Y organismos tan poco sospechosos de ser etiquetados de “progresistas”, como el FMI, le piden al Gobierno de España que suba los impuestos. El asunto está en acertar con las figuras fiscales a retocar y la cuantía de la subida. Los gobiernos regionales, tan soberanos para gastar, pueden sentirse mayores de edad para imponer alzas fiscales.