El PP quiere recurrir ante el Tribunal Constitucional (TC) el decreto ley del Gobierno que impide solicitar crédito a los ayuntamientos. El motivo de fondo que esgrime el principal grupo de la oposición es que se limitan las vías de financiación de los ayuntamientos. No es muy distinta la valoración de Belloch, alcalde socialista de Zaragoza, que va a consultar con los servicios jurídicos de su corporación la posible trasgresión de la autonomía municipal, recurrible ante el TC.

La norma aprobada por el Gobierno adoleció de precipitación, ya que de aplicarse automáticamente hubiera creado problemas financieros a los ayuntamientos y muchas obras se hubieran detenido, paralizando la actividad municipal. Valoración distinta merece la sustancia del decreto ley, porque es necesario detener el creciente endeudamiento de los consistorios. A falta de saber lo que argumentarán los finos juristas, el endeudamiento de los ayuntamientos debe cumplir legalmente unas condiciones determinadas, como presentar los alcaldes un ahorro adecuado a la deuda que tienen que amortizar, guardar una proporción equilibrada entre el volumen de la deuda y la previsión de ingresos, así como mantener el equilibrio presupuestario. De no darse esas exigentes condiciones, cualquier aumento de deuda debe cumplir con la preceptiva autorización del Gobierno. Con esto quiero decir que me extraña mucho que en un contexto de crisis económica profunda prospere cualquier recurso jurídico basado en el ataque a la autonomía municipal, porque la autonomía de los ayuntamientos no puede reafirmarse llevando a la ruina a todo el Estado.

Diversos dirigentes municipales asturianos, como Ana Concejo, concejala de Avilés, exigen que no se establezca una normativa que trate por igual a los ayuntamientos endeudados y a los que están económicamente saneados. En teoría es un argumento impecable. Hay casos, como el del Ayuntamiento de Madrid, que deberían ser intervenidos, porque acumula una cuarta parte de la deuda municipal española. Ahora bien, es muy difícil aprobar una normativa que tenga en cuenta la situación específica de los más de 8.000 ayuntamientos. Estamos en unas circunstancias económicas excepcionales, y el Gobierno debe tener suficiente margen de disposición para rebajar drásticamente la deuda municipal y autonómica.