El 27 de octubre de 2021, durante el debate sobre el estado de la región, Adrián Pumares (Foro) abrió la puerta a la cooficialidad de la llingua, condicionando su apoyo a que la Ley de Uso fuera aprobada por mayoría reforzada, 3/5 de la Junta General del Principado.

El debate había sido lanzado por el Gobierno socialista, secundado por Podemos e IU. Todo dependía del voto de Pumares para alcanzar la soñada cooficialidad que Barbón propugnaba sin explicar su contenido, limitándose a repetir la fórmula de «oficialidad amable».

En Foro las opiniones estaban divididas. Un grupo de dirigentes, que habían entrado en el partido con la voluntad de utilizarlo como caballo de Troya, defendía el «sí» a la reforma del Estatuto, pero la dirección de Gijón estaba en contra, y Gijón es el granero de votos de Foro. Al final, tomaron una decisión inteligente para salir del atolladero: el apoyo a la cooficialidad lo condicionaron a la bajada de impuestos. IU se opuso al apaño y en el mes de febrero de 2022 quedó cerrado el expediente de la oficialidad de la llingua.

Fallido
Un fracaso rotundo de la FSA, sin precedentes, por tratarse de un tema estratégico y de impacto entre la población. Sin estar asegurada la mayoría cualificada (27 diputados) carecía de sentido abrir, por primera vez, el melón de la cooficialidad en la Junta General del Principado. Una reforma del Estatuto de Autonomía, en un tema tan sensible como la oficialidad de las lenguas, sólo debería ser tramitada en la Junta si cuenta con el apoyo de los dos grandes partidos. Tantas loas a los padres del Estatuto y, cuando se ponen a modificarlo, abandonan el amplio consenso de los años ochenta por una alianza de las izquierdas.

El pasado mes de mayo, el presidente del Principado publicó en las redes sociales un mensaje singular. En la víspera, durante la celebración del Día de Les Lletres Asturianes, el presidente de la Academia de la Llingua, Antón González Riaño, pidió al Gobierno regional que negociara con los grupos políticos la oficialidad de la llingua y el eonaviego. Con esa percha, Barbón escribió que asumía su responsabilidad e invitaba a los grupos políticos a sumarse a la petición del presidente de la Academia. En el texto decía que «no podemos esperar más». Y terminaba de esta guisa, «en esa reunión negociadora lo plantearé claramente: no caben disculpas para hacer oficial al asturiano y el eonaviego. Es la hora».

Inaudito
Es la decisión más sorprendente de Barbón en cinco años como presidente de Gobierno. Por dos motivos. Me parece inaudito que el presidente del Principado sea un mero ejecutor de una propuesta, o deseo, del presidente de la Academia. Las decisiones importantes para los asturianos las toma el Gobierno regional, que nos representa a todos, no miembros de una institución que carece del aval de la ciudadanía. Segundo motivo: la distribución de escaños en esta legislatura impide la aprobación de la cooficialidad. El Principado no tiene suficientes diputados a favor para aprobar el sistema trilingüe. Lo sabemos todos desde la noche en que se hizo el recuento de los votos.

En definitiva, desde una perspectiva política nos encontramos ante una iniciativa fallida, que deviene en descabellada si tenemos en cuenta el fracaso cosechado hace menos de dos años. Desde los años de la preautonomía sigo los avatares de la política asturiana. No recuerdo a ningún Gobierno autonómico que se lanzara, alegremente, a ser derrotado en la Cámara, repetidamente, en un asunto de tanta relevancia.

A las dos semanas de publicar el mensaje, se reunió, en Presidencia del Principado, Adrián Barbón con los portavoces parlamentarios y el presidente de la Academia. Tras la reunión el Principado publicó una nota que decía: «El Gobierno de Asturias asume la propuesta de la Academia de la Llingua para reformar el Estatuto de Autonomía y desplegar la oficialidad en ocho años». El Principado no sólo asume el mandato de la cooficialidad, sino que da por buena la propuesta de desarrollo que dicta la Academia; la nota del Principado no tiene desperdicio: «Asimismo, el exhaustivo informe presentado por González Riaño estima un retorno a la sociedad cercano al 4% del PIB de la comunidad. Por el contrario, el documento refleja que el coste para la Administración autonómica rondaría los 25 millones anuales». Se refería a los beneficios económicos que aportarían la llingua y el eonaviego si son oficiales.

PIB
Ese tipo de estudios, para que tengan alguna validez, los encargan los gobiernos a empresas y entidades independientes, no a la persona o personas de la región que tienen más interés en que se apruebe la cooficialidad.

Vamos con el PIB. En 2022, el de la región fue de 25.822 millones de euros. Si la oficialidad de la llingua y el eonaviego supusiera un enriquecimiento para los asturianos equivalente al 4% del PIB, resulta que recibiríamos 1.032,8 millones de euros. Con un gasto inicial de 25 millones acabaríamos recibiendo más de 1.000 millones. No hay ningún sector productivo que garantice tan pingües beneficios con un desembolso tan limitado. Si esto fuera así, carece de sentido preocuparse por el retraso de la planta de DRI en Arcelor, porque ya tenemos nuevas fuentes de riqueza.

Entristece ver que copiamos de los nacionalistas los discursos, estrategias y hasta sus cálculos delirantes sobre la capacidad de hacerse ricos a fuerza de aumentar el número de lenguas per cápita.