La consejera de Derechos Sociales y Bienestar, Marta del Arco, presentó en una rueda de prensa los presupuestos de su departamento. Los servicios sociales cuentan con una dotación de 598 millones de euros para el próximo año. Una vez más es la tercera consejería del Principado por volumen de recursos, por detrás de sanidad y educación. El 80% del dinero se destina a cubrir las prestaciones de la dependencia y a las ayudas que se conceden a las personas de más edad. La dependencia, que se dio en llamar el cuarto pilar del Estado del Bienestar, supone un gran volumen de gasto público entre las ayudas a domicilio, la teleasistencia y los centros de día que alcanza los 287 millones. Por otra parte, los Establecimientos Residenciales para Ancianos (ERA) absorben 220 millones. Junto al sector público hay un sector privado que es mayoritario en la oferta de plazas residenciales y demanda a la Administración más financiación para las plazas concertadas. En España se destina 0,96% del PIB para la dependencia, mientras en otras naciones, como Países Bajos, Suecia o Noruega, está en torno al 3%.

En el sector público hay 2.500 trabajadores y la consejera dicen que no son suficientes para poner en marcha «el nuevo modelo de unidades de larga duración». Dice que, previamente, hay que «planificar, consensuar y organizar». En esta materia, como en tantas otras, lo indicado es poner en marcha una experiencia piloto, con una o dos residencias, y observar los resultados. Para ello no es preciso planificar ni consensuar ni organizar, sino, simplemente, decidir. Y, luego, gestionar. En ese binomio, decisión-gestión, es donde hace aguas el Gobierno regional.

En los servicios sociales partimos de un apriorismo que no nos favorece: el Principado considera que somos los mejores del pelotón autonómico. En el informe de la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, correspondiente a 2023, obtenemos la quinta nota más alta, pero cuando se va a los datos concretos las carencias son evidentes. La teleasistencia para mayores de 70 no supera el 4,3%, cuando la media española está en el 14,1%. Somos la comunidad autónoma con menos plazas de discapacidad para mayores de 18 años y estamos en último lugar en centros de día. Todo ello está en consonancia con los recursos aportados: somos la séptima región en gasto por habitante y año en servicios sociales. Antes de preocuparnos por otros modelos, deberíamos acabar con déficits impropios de una región que lidera la tercera edad.