La sentencia del Tribunal Constitucional (TC) sobre el ‘Estatut’, moderada en las formas, tratando de atenuar al máximo la inconstitucionalidad del texto y a la búsqueda del entendimiento por la vía de forzar la interpretación de los artículos, refleja el estrecho margen de maniobra del que disponía el TC. El ‘Estatut’ fue el fruto del equilibrio logrado entre las aspiraciones de las fuerzas catalanistas y la mayoría parlamentaria de izquierdas que arropaba a Zapatero en su primer mandato, de modo que cualquier cambio profundo en el ‘Estatut’ serviría para reabrir el conflicto.
Las conciliadoras intenciones de María Emilia Casas -muñidora del acuerdo en el TC- no van a impedir el retorno de la tensión entre Cataluña y el Gobierno central. De poco importa subrayar los disparatados razonamientos de la clase política catalana, al considerar un agravio la más leve alteración del texto estatutario, porque lo que está sobre la mesa es un problema político.

PSOE y PP

Los dos grandes partidos no tienen ningún interés en repetir los debates de la anterior legislatura. El PP luchó con denuedo por impugnar el ‘Estatut’, para romper el bloqueo político que sufría a causa del Pacto del Tinell; recordemos que en aquella época CiU recurrió a un notario para declarar que no pactaría con el PP, mientras que ahora Rajoy busca una entente con el nacionalismo catalán, aunque Artur Mas mantenga un discurso radical. El PP no quiere cuestionar el modelo territorial diseñado en la pasada legislatura, al haber encontrado en la crisis económica y la larga lista del paro suficientes argumentos para alcanzar La Moncloa. El caso del PSOE es distinto. Zapatero fue uno de los artífices del ‘Estatut’ (lo negoció personalmente) y es lógico que reste importancia a los aspectos inconstitucionales del mismo.
Pese a los intereses del PSOE y del PP, la polémica sobre el Estado de las Autonomías va a conocer un nuevo capítulo. La sentencia sobre el ‘Estatut’ ha dado el pistoletazo de salida para la campaña electoral catalana. Para crear ambiente hay convocada una manifestación para el día 10 de este mes en Barcelona con el lema «Nosotros decidimos, somos una nación». El surco de la sentencia. El panorama al que nos vemos abocados es la vuelta súbita a los debates identitarios de la primera legislatura de Zapatero, con la diferencia de que ahora hay un 20% de desempleo y los mercados ponen diariamente a prueba la solidez de las instituciones financieras.

Cambios

El presidente del Gobierno ya ha ofrecido un atajo a los nacionalistas: conceder por vía legislativa la formación del Consejo del Poder Judicial de Cataluña que el TC declaró inconstitucional. El presidente Zapatero habla de «reforzar el Estatuto», lo que se puede interpretar como una irónica alusión al frágil estado en que lo dejó la sentencia del TC. La clave de la ofensiva catalanista reside en la debilidad del Gobierno central, como pasaba en el anterior mandato. De ahí la amenaza velada de Artur Mas sobre la posibilidad de acortar la legislatura.
Hace cinco años, el ‘Estatut’ impulsó la revisión generalizada de los textos autonómicos. Es muy probable que la ampliación del autogobierno en Cataluña, bien sea a través de nuevas leyes o de cualquier otro tipo de medidas, traiga aparejada la aplicación de iguales procedimientos en otras comunidades autónomas que tengan estatutos cortados por el patrón catalán.
Esa alternativa crearía más de un problema. La experiencia indica que las concesiones a las comunidades autónomas suponen un coste económico para el Gobierno central. Hasta las alusiones más épicas a la Patria acaban derivando en una factura que siempre paga la Hacienda estatal. Recordemos que la Administración central sólo representa un 20% del gasto global del Estado. Siendo un asunto importante, en una época marcada por la austeridad y reducción de gastos, el verdadero problema es otro: la dispersión de esfuerzos cuando toda la acción de las administraciones debería estar enfocada en hacer frente a la crisis económica. Si la Generalitat no logra crédito de la banca internacional (cincuenta bancos acaban de darle con la puerta en las narices cuando les pidió prestados 1.000 millones de euros) puede tapar su frustración con nuevas exigencias a Zapatero. Lo mismo cabe decir de los valencianos que pueden echar mano de la ‘cláusula Camps’, que se puede resumir así: «Para Valencia tanto como para el que más». El origen de la Torre de Babel.

Asturias

Asturias no se sumó al proceso de revisiones estatutarias. Cuando ya se había llegado prácticamente a un acuerdo -entre Fernando Lastra y Joaquín Aréstegui- sobre la reforma del Estatuto de Autonomía, Ovidio Sánchez decidió bloquear la tramitación parlamentaria con la disculpa de que el PSOE negociaba la entrada de IU en el Gobierno. Atado el nuevo modelo de financiación autonómica, el peligro de quedar marginados por el trato preferente dado a otros territorios se ha reducido.
No obstante, cada vez hay una mayor diferencia entre la profundización del modelo autonómico ensayado en una docena de territorios y la realidad asturiana. Los tres partidos parlamentarios tienen una visión distinta del autogobierno. El PSOE prefiere ahondar en la senda reformista; IU quiere transitar por la vía identitaria. En cuanto al PP, no hay una pista clara, porque en tres años pasó de demandar el marco catalán, a aceptar las reformas moderadas, para acabar votando por el inmovilismo.