El rechazo parlamentario al decreto ómnibus del Gobierno, que contenía importantes medidas de carácter social (revalorización de las pensiones y del Ingreso Mínimo Vital, subvenciones para los consumos energéticos de personas vulnerables, bonificación en el transporte público, etc.), propicia un debate político sobre los responsables del fracaso. Las consecuencias económicas y sociales de la negativa parlamentaria al decreto serán, por fortuna, inexistentes, ya que hay consenso en revalorizar las pensiones y el resto de medidas sociales, quedando excluida la única que no es social: la entrega al PNV del palacete parisino que fue sede temporal del Gobierno vasco en el exilio. Es impensable que las propuestas sociales no tengan validez, aunque durante un breve lapso de tiempo quedarán en suspenso porque el Gobierno quiere que los ciudadanos tomen conciencia sobre la importancia de la negativa del PP, Vox y Junts.

En política, el rechazo a una iniciativa del Gobierno en el Parlamento, daña al Ejecutivo. En la actual legislatura ha quedado repetidamente cuestionada la solidez de la mayoría parlamentaria que invistió a Pedro Sánchez. En el Congreso de los Diputados se tumbaron normas porque alguno de sus siete socios votó con la oposición de derechas. Por eso la acción de Gobierno se lleva a cabo con un presupuesto aprobado en la anterior legislatura. El fracaso del decreto ómnibus estaba cantado, tras las declaraciones de Puigdemont. Por alguna razón, en la Moncloa decidieron seguir adelante con la fórmula de decreto ómnibus para que la revalorización de la nómina de doce millones de pensionistas arrastrara a la oposición a aprobarlo, pero no ha sido así. Cuando haya pasado el «ruido», como dice Pedro Sánchez, quedará a la vista de toda la debilidad del Ejecutivo.

Se acaba, de momento, viajar gratis en tren o autobús por España. Siempre me pareció una medida electoralista que induce a pensar que el tren o el autobús son gratis, por definición, cuando no es así en ningún país civilizado. La gratuidad esconde una trampa: dejan de pagar los viajeros, pero la factura de Renfe o del autobús la pagamos todos los ciudadanos con nuestros impuestos. Las exenciones de pago deben ser selectivas, nunca de carácter universal. También se desvanecen los Acuerdos de la Castellana, al menos en lo que toca a la gratuidad. A mi entender era la compensación menos relevante, pero en el Principado (Alejandro Calvo) estaban eufóricos con el viaje a cero euros hasta 2026.