Impulsada por PSOE, IU y la diputada Tomé, la proposición de ley sobre la reforma del Estatuto de Autonomía será debatida en la Junta General del Principado. La iniciativa parlamentaria solo pretende modificar el artículo 4 del Estatuto para convertir al bable (llingua, asturiano) y al eonaviego en lenguas oficiales de la región.
Lo primero que produce la propuesta es una sensación de extrañeza, porque hace tres años los mismos que firman la iniciativa dieron por imposible su traslado al Parlamento al no contar con suficientes apoyos. En aquel momento (febrero 2022) había veintiséis diputados de izquierda (PSOE, IU, Podemos), firmes defensores del sistema trilingüe (castellano, bable, eonaviego), ahora solo hay veintitrés. Entonces y ahora, junto a ellos, Adrián Pumares (Foro). En 2022 el voto de Pumares servía para lograr la oficialidad, porque completaba la mayoría reforzada de tres quintos de los escaños (27 votos) exigida para reformar el Estatuto. Al final no dio el paso. En el presente, el hipotético voto de Pumares –desconozco si Foro superó el sarampión del nacionalismo, inoculado por infiltrados– no aporta nada. La proposición no prosperará.
Fracasa
No entiendo cómo Adrián Barbón apuesta por fracasar por segunda vez, cuando el máximo líder del socialismo (Sánchez) lucha denodadamente por sacar adelante sus propuestas y en caso de previsible rechazo se ausenta siempre del Parlamento, para preservar su imagen de la derrota.
Hace tres años, la cuestión de la cooficialidad surgió de la discusión parlamentaria, su sitio natural, pero esta vez fue distinto. En El Día de Les Lletres, en el teatro Campoamor, el presidente de la Academia de la Llingua Asturiana, Antón González Riaño, pidió al Gobierno y a la oposición que negociaran la reforma del Estatuto para declarar la oficialidad en esta legislatura.
Al día siguiente Barbón, en una soflama publicada en redes sociales, recogió el encargo del presidente de la Academia: «no caben ya disculpas para hacer oficial el asturiano y el eonaviego», «es tiempo de dejar las declaraciones y pasar a la acción», «es tiempo de hechos, no de palabras», «no basta con ser asturianista de boquilla, hay que demostrarlo con acciones», «es la hora».
Arenga
No recuerdo otra intervención semejante de Barbón. De puro vibrante parecía una arenga. La inteligencia se subleva al ver que el responsable de una institución cultural le dicta al presidente del Principado lo que hay que hacer en un asunto de su competencia que tiene gran transcendencia para los ciudadanos y la región. En ninguna otra comunidad autónoma pasó algo parecido. Conocemos la capacidad de los gobiernos para invadir y colonizar todo tipo de instituciones, pero es insólito que instituciones financiadas por el Gobierno dicten el contenido de reformas estatutarias y los desarrollos normativos que de ellas se deriven.
Quisiera destacar que en la soflama de Barbón hay muchas apelaciones a la acción, pero está ayuna de argumentos. No merece la pena buscarlos, porque no existen. No es algo puntual, es una constante en el discurso de la oficialidad durante los últimos tres años: recurrir a las emociones y prescindir de los razonamientos.
En octubre de 2021, cuando empezó la ronda de contactos para pactar la reforma del Estatuto, el Gobierno socialista, y la FSA, se reunieron una hora con el PP y otra con Ciudadanos. No tuvieron más contactos con el centro-derecha. No negociaron, ni desarrollaron argumentos. Aspiraban a una mayoría de veintiséis diputados de izquierda y el obligado apoyo de Foro, al que habían reservado el papel de ‘useful idiot’ (tonto útil), como se decía en la posguerra europea.
IDENTITARIO
El necesario consenso, en el que germinaron los estatutos, quedó obviado. Los Estatutos de Autonomía forman parte de lo que los tratadistas llaman el ‘bloque de constitucionalidad’. Para cualquier político sensato, los usos forman parte de ese bloque. No es digno reformar un Estatuto de todos, para convertirlo en un instrumento de división.
Desde entonces hasta ahora el mensaje del Gobierno sobre la cooficialidad se ha quedado en la oficialidad amable (con Galicia de referencia) y la apelación a la acción y a los sentimientos. La izquierda renuncia a la racionalidad, su seña histórica, y abraza el identitarismo.
PSOE e Izquierda Unida pretenden que haya tres lenguas oficiales en una pequeña región de 10.600 kilómetros cuadros. Sólo hay un caso en Europa, Luxemburgo, de imposible comparación porque está, literalmente, ocupado por franceses (los textos oficiales se escriben en francés) y alemanes. Solo desde la ceguera identitaria se puede decir que en Asturias la sociedad es trilingüe. La izquierda lo hace porque reivindica el bable y el eonaviego como rasgos diferenciales, pero carecen de la principal función de una lengua: ser vehículo de comunicación. Con el eonaviego pasa una situación muy curiosa, se habla muchísimo más en Lugo que en Navia o en Cangas de Narcea.
Hay seis comunidades autónomas (Cataluña, País Vasco, Galicia, Navarra, Comunidad Valenciana, Baleares) con dos lenguas oficiales. En todas, el porcentaje de ciudadanos que hablan la lengua vernácula es muy superior al de asturianos que se comunican en bable o eonaviego. Demos la vuelta a la frase de Adolfo Suárez: no se puede elevar a categoría de ley lo que en la calle no es real. A no ser que se apueste por la imposición y el conflicto.