La Ley de Dependencia nació en España cuando el país atravesaba una situación muy especial al gozar de superávit primario: el Estado ingresaba más que gastaba. José Luis Rodríguez Zapatero era el presidente del Gobierno y estaba muy pendiente de promover iniciativas que tuvieran un rédito electoral. Ejercía como ministro de Trabajo y Asuntos Sociales Jesús Caldera, amigo del presidente y dotado de una dosis de optimismo inmensa, que le llevó a afirmar, en marzo de 2007, en una visita que hizo a nuestra región: «en no muchos años, más bien pocos, se alcanzará el pleno empleo en España y en Asturias». Cinco años más tarde rozábamos los seis millones de parados. En ese contexto y con ese ministro se aprobó la Ley de Dependencia.

La norma tuvo una excelente acogida, como siempre que nos ofrecen un servicio importante por cero euros. Pronto se ganó el título de cuarto pilar del Estado del Bienestar, igualando en categoría a la educación, la sanidad y las pensiones. Caldera se olvidó de acompañar la ley con una memoria económica, lo que ya da una idea de la facilidad con que aquel Gobierno aprobaba cualquier medida que fuera del agrado del público. Dada la ausencia de respaldo económico, aunque la Ley para la Promoción de la Autonomía Personal y la Atención a Personas en Situación de Dependencia se aprobó en diciembre de 2006, no se empezó a aplicar hasta 2009, empezando con las personas calificadas como dependientes severos, ampliándose luego a dependientes moderados en 2011 y en 2013.

Por una serie de razones, entre las que se incluye ofertar la prestación en el domicilio del dependiente a través de algún familiar, la gestión de la dependencia se hizo compleja. El Estado no aportaba recursos suficientes y los gobiernos autonómicos tampoco fueron un ejemplo de transparencia. Así como la sanidad o la educación tienen una cierta homogeneidad en todo el mapa autonómico, en la dependencia no ocurre lo mismo. La Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales realiza un informe anual sobre las prestaciones de la dependencia en las diecisiete comunidades y la gestión del Principado sólo mereció el aprobado tres veces en dieciséis años.

Pablo Bustinduy (Sumar), ministro de Derechos Sociales, impulsa una reforma de la dependencia que todos los expertos consideran que será papel mojado mientras no cuente con financiación. No creo que un ministro de Sumar pueda arrancar un compromiso real de mayores aportaciones del Estado. El Gobierno tiene otras urgencias.