Al igual que sucedió hace un año, la educación asturiana muestra un gran malestar en la recta final del curso escolar. Las quejas y movilizaciones tienen distintas causas y afectan a todas las etapas educativas. Las trabajadoras del primer ciclo de Infantil (de cero a tres años) afirman que sus reivindicaciones no han sido satisfechas. Esperaban alcanzar la estabilidad laboral y todavía hay cien de ellas que no están integradas porque en su día los ayuntamientos se negaron a estabilizarlas. Igualmente, consideran que no se han dado los pasos necesarios para darle carácter educativo al ciclo, superando la simple consideración de servicio público; hay una serie de medidas sobre la forma de trabajo que estaban prometidas y no se han implantado. Tras el éxito de la huelga del pasado año, prevén repetir la movilización.
El segundo conflicto afecta a la etapa de Primaria y al segundo ciclo de Infantil (de 3 a 6 años). De forma inopinada se van a incrementar las horas de clase en los meses de junio y septiembre. Podría ser discutible la medida si atendiera a razones pedagógicas, pero resulta que darán una hora más de clase porque cambia el horario del comedor escolar con respecto a cómo estaba organizado otros años durante esos meses (junio, septiembre). El nuevo horario de yantar lleva incluido una hora más de clase. La consejera de Educación, Lydia Espina, ha defendido su propuesta con un argumento muy endeble, diciendo que no cambia el horario de los maestros. Sabe perfectamente que en todas las comunidades autónomas y en todas las etapas educativas se distingue entre horario laboral y horas lectivas. No es lo mismo una hora de trabajo coordinándose con los compañeros del mismo nivel que dar clase a los alumnos. En junio y septiembre los maestros tendrán una hora lectiva más por culpa del cambio de horario del comedor: incongruencia superlativa. Añadamos que en junio hay una carga burocrática extra, propiciada por las exigencias del Principado al finalizar el curso, que no contempla el nuevo horario.
Tercer conflicto. La educación concertada está indignada con la normativa sobre dispositivos digitales. La vía digital era clave en su proyecto educativo y para el año que viene tendrán que volver a la pizarra de tiza y al libro de papel. Se romperá la ratio, un alumno-un ordenador, para tener un uso colectivo: el profesor manipulará la herramienta y los alumnos observarán o contestarán a los que les pregunten. La inversión hecha en tecnología digital quedará infrautilizada.