Los sindicatos convocantes de las jornadas de huelga en la educación (27 de mayo, 5 de junio) han pedido a la consejera, Lydia Espina, que dimita; en caso de que no lo haga, emplazan al presidente del Principado para que la cese. Critican a Espina por actuar con autoritarismo, no afrontar los problemas estructurales de la educación, improvisar o cambiar de criterio. De los cinco sindicatos que componen la Junta de Personal Docente, los tres convocantes de la huelga (CCOO, Suatea, UGT) son de izquierdas, así que deberían tener alguna afinidad con la consejera, pero no es el caso.

Hay dos aspectos concretos que señalaron los sindicalistas que merecen destacarse. Como ejemplo de los volantazos que da Lydia Espina, citaron los treinta o cuarenta millones de euros gastados en pantallas (ordenadores, tabletas) para que «luego las prohíban». Además del gasto realizado, está el giro que ha dado en el modelo de enseñanza sin abrir un debate, ni en la Junta General del Principado ni en el ámbito laboral. Un día las pantallas son una herramienta educativa de vanguardia y al otro se ven como un mal, solo tolerable si se administra en pequeñas dosis. Mucho hablar de la autonomía de los centros y, posteriormente, la consejera dicta en cada etapa qué dispositivos se pueden utilizar en las aulas y la forma de hacerlo (manipulados por el profesor o por los alumnos). Otro problema que llama la atención, denunciado por los sindicalistas, son las bajas sin cubrir desde hace meses en las alas de la región, mientras la consejera no hace nada por resolverlo. Al margen de esa situación creada en el occidente y el oriente de la región, la cobertura de las bajas en la educación asturiana no tiene nada que ver con la de otras comunidades autónomas, donde al día siguiente de presentar la baja un profesor ya tiene sustituto en su puesto de trabajo. De media pagamos más impuestos, pero por alguna misteriosa razón, a la hora de disfrutar de las prestaciones el Principado no es la administración más generosa.

En esta ocasión la mecha del conflicto es la supresión de la jornada reducida en junio y septiembre. Sin mediar aviso, Espina tomó la decisión de aumentar la carga de trabajo con cinco horas lectivas a la semana. En ninguna comunidad autónoma aumentan el 20% las horas lectivas sin un acuerdo con los interesados o un apoyo explícito del Parlamento. En Asturias es diferente porque la educación no está en la agenda política. Los políticos sólo van a los centros para hacerse fotos populistas con los niños.