Guillermo Peláez, portavoz del Gobierno, ha vuelto a hacer declaraciones rotundas sobre el sistema de financiación autonómica en vísperas de que el Gobierno de España y la Generalitat den pasos decisivos para que Cataluña se apropie de toda la recaudación tributaria procedente del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF). Peláez ha dicho que el Principado «no movió un ápice su postura contraria a los acuerdos bilaterales»; el portavoz del Ejecutivo asturiano afirmó que «el modelo de financiación territorial se tiene que negociar de manera multilateral entre todas las comunidades autónomas del régimen común». Aseguró que «no admitiremos ningún privilegio».

Las tres frases entrecomilladas del consejero deberían bastar para saber que el Principado no aceptará que se cambie la metodología del sistema de financiación, basada en la multilateralidad en la negociación y los acuerdos, y contraria a cualquier trato preferente a uno o varios territorios sobre el resto. Por desgracia, no es así. Estamos en la España de Pedro Sánchez, donde el presidente del Gobierno firma con todos los socios de la OTAN que va a invertir el 5,1% del PIB en armamento, y al salir de la reunión declara en una conferencia de prensa que otro presidente (Feijóo) habría firmado el 5,1%, pero «nosotros no lo hemos hecho». La mentira ha pasado a ser una parte medular de la verdad oficial.

El Gobierno firmó un acuerdo con ERC sobre la soberanía fiscal de la Generalitat y esta semana se va a empezar a tramitar. No estamos hablando de especulaciones, es un hecho. ¿Qué hará el Principado? ¿Se va enfrentar a la Moncloa? ¿Es imaginable que Adrián Barbón juegue un papel semejante al de Emiliano García-Page? El presidente manchego decía ayer que la transferencia de impuestos a Cataluña supondrá «el mayor atentado a la igualdad de oportunidades» consagrada en la Constitución. García-Page añadía que la distribución de recursos entre territorios con privilegios sería «lo más triste que he visto en democracia». El consejero, Guillermo Peláez, obvió hablar sobre el acuerdo Gobierno-Generalitat porque no transcendió oficialmente el detalle del acuerdo. Igual que Page.

Esta película ya la vimos en el pasado mes de marzo con la quita de la deuda autonómica. Peláez afirmó, entonces, que la condonación aplicada por Montero seguía un criterio equitativo, cuando a los catalanes se les quitó 2.284 euros de deuda por habitante, y a los asturianos 1.369 euros. Qué más quisiera que creerle, consejero.